D’Onofrio, quien ocupó su cargo bajo la gestión de Axel Kicillof, ha presentado un documento en la fiscalía que investiga un posible esquema de corrupción vinculado a abogados y funcionarios que ofrecían descuentos en las multas de tránsito, creando un entramado complejo de fiscalización en las rutas bonaerenses.

Defensa contundente ante las acusaciones

El ex funcionario, quien dejó su puesto en diciembre tras las denuncias, rechazó las imputaciones a través de un extenso escrito de 25 páginas, argumentando que las licitaciones del servicio de VTV fueron llevadas a cabo de manera legal y transparente, con la supervisión adecuada de organismos de control.

Las supuestas irregularidades en la licitación

El fiscal a cargo del caso, Garganta, ha afirmado que D’Onofrio manipuló las licitaciones para beneficiar a ocho empresas que se hicieron cargo de los talleres verificadores, un hecho que, según él, se tradujo en un desvío de fondos multimillonarios durante la concesión.

Costos y financiamiento del servicio de VTV

Actualmente, más de 4 millones de vehículos en la provincia son sometidos a estas revisiones, que implican un costo mínimo de $79,640 por auto de uso particular, acentuando la importancia de la transparencia en el manejo de estos recursos.

Contratación de empresas y posibles vínculos sospechosos

D’Onofrio defendió la elección de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. para el sistema de turnos en línea, alegando que fue la opción más económica y necesaria para mejorar la eficiencia del servicio. Sin embargo, el fiscal ha insinuado que esta empresa actuó como intermediaria para recibir comisiones ilegales de las concesionarias.

La magnitud de las posibles irregularidades

Se estima que esta maniobra podría desviar hasta $4,900 millones durante toda la concesión. A partir de este año, se mantuvo el polémico convenio que incrementó la comisión sobre los ingresos por servicios de VTV, encendiendo aún más las alarmas sobre la transparencia de la gestión.

Indagaciones a empresarios en el caso

Próximamente serán llamados a declarar siete empresarios que recibieron las licencias para realizar las verificaciones anuales de los vehículos. También está citado Sebastián Decio, quien es señalado como el vínculo entre D’Onofrio y las empresas involucradas.

Más denuncias en el horizonte

Además de las acusaciones en torno a la VTV, se investiga una red relacionada con abogados que ofrecían reducir las multas de los automovilistas de manera fraudulenta. Esta red contaría con el apoyo de jueces especializados en faltas administrativas, lo que sumaría un nuevo nivel de complejidad al caso.

Desarrollo legal continuo

Recientemente, un juez federal procesó a D’Onofrio por presunto lavado de activos, lo que conllevó un embargo de $350 millones, manteniendo su libertad y la inhibición de bienes hasta 2025.