Este convenio destina fondos cruciales para cubrir el déficit del Sistema Previsional de los empleados públicos de La Pampa, respaldado por exhaustivas auditorías entre los equipos técnicos del organismo nacional y el Instituto de Seguridad Social provincial.

Un acuerdo legitimado por la ley

Desde el gobierno provincial destacan que el acuerdo no solo responde a un reclamo legítimo, sino que también se enmarca dentro de la legalidad establecida por la Ley 27.260, que define el esquema de financiamiento para las provincias que aún conservan sus regímenes previsionales.

La adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas

Además, la estrategia se apoya en la decisión de la provincia de integrarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una iniciativa del Gobierno Nacional que permite la gestión de obligaciones por deudas a nivel nacional y que facilita la formalización de este acuerdo. También se menciona el reclamo ante la Corte Suprema, que ha promovido la necesidad de conciliación entre las partes.

Desglose de transferencias financieras

El plan de financiamiento se ejecutará en cuotas: un primer desembolso de $2.500 millones será realizado por ANSES, seguido de doce cuotas mensuales de $5.000 millones que comenzarán en enero. Cabe destacar que el 11,73% de estas sumas irá destinado a municipios y comisiones de fomento, garantizando así un impacto directo en las comunidades locales.

Un modelo replicable en otras provincias

En los últimos meses, el Gobierno Nacional ha firmado acuerdos similares con otras provincias, como Córdoba, que obtendrá $60 mil millones, y Entre Ríos, que recibirá $48 mil millones. Esto pone de manifiesto un esfuerzo nacional por atender las necesidades económicas de las provincias con cajas previsionales bajo su administración.

Desafíos y perspectivas en el camino

Bajo la presidencia de Javier Milei, ANSES había congelado el envío de fondos a las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la nación durante la década de los 90. Esta decisión generó controversia y debates políticos intensos entre la administración y las provincias afectadas. A pesar de la creciente presión, que incluyó intentos judiciales y negociaciones políticas, muchas provincias se han visto obligadas a buscar soluciones a sus problemas previsionales de manera autónoma.

Las discusiones sobre la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el reparto del Impuesto a los Combustibles han emergido como temas centrales en las agendas de los 24 gobernadores, estableciendo un contexto en el que los reclamos previsionales han adquirido una nueva relevancia a lo largo del último año.