El tribunal rechazó la acción legal presentada por la mujer jubilada, que cuestionaba la constitucionalidad de la ley que permite al Poder Ejecutivo incrementar hasta un 8% los aportes de los trabajadores activos. Según la resolución, no hay un agravio concreto en este momento que justifique el uso de la vía del amparo, dado que el incremento de aportes no afecta directamente a los pagos de la jubilada actual.

Detalles del Fallo Judicial

La Cámara subrayó que la normativa en cuestión no implica un recálculo de las jubilaciones ya otorgadas, ni acarrea una reducción automática de los haberes en curso. Por esta razón, consideró que no se evidencia ninguna arbitrariedad o ilegalidad que comprometa el sistema previsional, incluso en situaciones de emergencia, tal como establece la doctrina del Tribunal Superior de Justicia.

La Perspectiva del Abogado

Jorge Horacio Gentile, abogado de la jubilada, anunció que se apelará la decisión. En una entrevista con radio Punto a Punto, explicó que el amparo tenía un propósito preventivo, buscando evitar futuras reducciones en el haber jubilatorio, algo que, según su experiencia, ha ocurrido en reformas anteriores.

“Exigimos que no se modifiquen ni reduzcan los beneficios jubilatorios. La Cámara sostiene que no hay agravio porque la ley aún no ha sido reglamentada; sin embargo, el riesgo es inminente”, comentó Gentile, quién se mostró preocupado por la posibilidad de que la próxima feria judicial pueda afectar el cobro de los jubilados en enero.

Preocupaciones sobre la Reglamentación de la Ley

El abogado también expresó su inquietud acerca de cómo la reglamentación de la Ley 11.087 podría impactar negativamente a los jubilados, ya que el aumento en los aportes de los activos podría traducirse en salarios netos más bajos, afectando los haberes de los pasivos.

Gentile advirtió sobre la problemática de integrar mecanismos salariales que no suman al cálculo de la jubilación y describió la situación como un escenario “muy delicado pero peligroso”.

Defendiendo Derechos Adquiridos

Finalmente, reafirmó que la lucha es fundamentalmente por la defensa de derechos ya adquiridos. “Tanto la Constitución nacional como la provincial establecen claramente que el haber jubilatorio es un derecho adquirible y no puede ser reducido”, concluyó, añadiendo que la situación financiera de la Caja no debería repercutir en la percepción de los jubilados.