jueves, diciembre 25, 2025
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Ley de Manejo del Fuego: Un Retroceso Ambiental

Argentina: La Urgente Necesidad de Reformar la Ley de Manejo del Fuego

La creciente problemática de los incendios forestales en Argentina exige soluciones claras y efectivas. La reforma a la ley de manejo del fuego es crucial, ya que la norma actual muestra graves deficiencias que agravan la situación ambiental.

El fuego se ha convertido en un desafío crítico en Argentina, demandando respuestas efectivas del Estado. En el ámbito ambiental, una regulación inadecuada no solo resulta injusta, sino que puede ser profundamente ineficaz.

Reforma Necesaria para un Problema Actual

La actual ley de manejo del fuego, vigente desde 2020, fue creada en un contexto de desconocimiento sobre la problemática y ha generado un avance sobre la propiedad privada. Esta normativa rígida y punitiva se asemeja más a un gesto simbólico que a una verdadera estrategia ambiental. Aunque es cierto que existen incendios intencionales que deben ser investigados y sancionados, las estadísticas indican que estos casos son, en su mayoría, excepcionales. Sin embargo, la ley parte de la errónea suposición de que detrás de cada incendio hay intereses de especulación inmobiliaria, resultando en sanciones automáticas a gran escala, sin considerar las particularidades de cada caso.

Incendio reciente en Bariloche, cerca del km 1 de Avenida Bustillo

Incendios: Una Amenaza Real

Recientemente, un incendio cerca del Centro Cívico de Bariloche puso en riesgo a pacientes y transeúntes. Un trabajador del sanatorio involucrado manipulaba una herramienta en proximidad de pastizales secos, lo que llevó a la calificación del evento como un «incendio culposo». Este operario enfrentará el proceso en libertad, lo que resalta las dificultades que la justicia encuentra al identificar responsables de tales incidentes.

Incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, un evento reciente significativo
PN Nahuel Huapi

El Vínculo entre Propiedad y Responsabilidad

La ley actual impide cambiar el uso del suelo en áreas afectadas por incendios durante períodos que pueden oscilar entre 30 y 60 años. Esto sitúa bajo sospecha a propietarios que ya han padecido pérdidas, sin distinguir entre las diversas causas de los incendios. Tanto un incendio provocado como uno accidental se castigan de igual modo, lo que vulnera principios fundamentales del derecho público, afectando los derechos de propiedad y trabajo de los ciudadanos.

El verdadero problema radica en el impacto ambiental. La normativa fomenta incentivos negativos: al perder el uso del suelo por décadas, se reduce el interés en la prevención y el manejo adecuado del territorio, enviando un mensaje de desánimo hacia la inversión en estas áreas. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales y forestales donde se sugiere «abandonar» en lugar de «cuidar».

Factores de Riesgo en Aumento

La escasez de nieve en la Patagonia anticipa una ausencia de agua y condiciones propensas a sequías, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. Ya se han registrado focos en Chubut, en el valle del Turbio, lo que indica una alerta temprana sobre la situación creciente. Elementos como el mal mantenimiento de tendidos eléctricos y el crecimiento desorganizado de asentamientos en áreas de riesgo complican aún más la prevención y el control de incendios.

Desafíos Estructurales y Jurisdiccionales

La diversidad ecológica de Argentina implica que el fuego desempeña funciones distintas en cada ecosistema. Por lo tanto, no se puede aplicar una regla única para todos. Además, la falta de coordinación entre Nación, provincias y municipios dificulta la respuesta eficiente que la situación exige.

Es fundamental establecer una estructura estatal efectiva, donde se implementen planes de prevención, se asigne adecuadamente la responsabilidad y se realicen investigaciones que permitan aplicar sanciones justas y efectivas. La normativa actual, que interfiere de manera arbitraria sobre la propiedad privada bajo la bandera de la protección ambiental, resulta ser no solo injusta, sino también contraproducente para la defensa del ambiente. Las leyes que rigen estas problemáticas deben ser inteligentes y diferenciadas, ya que una legislación que no distingue ni investiga no puede considerarse adecuada para enfrentar desafíos ambientales.

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