Una Batalla Legislativa

El pasado viernes, la Cámara de Diputados debatió el proyecto de presupuesto nacional, que incluía un intento de revocar la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Aunque el presupuesto fue aprobado, el capítulo donde se proponía anular esta ley fue desestimado, lo que hace prever un panorama similar en el Senado.

La Estrategia Judicial del Ejecutivo

Además de la vía legislativa, el gobierno está considerando acciones legales. La Cámara Federal de San Martín deberá evaluar un planteo que busca que la ley se implemente siempre y cuando esté acompañada por el presupuesto adecuado. Este punto fue clave cuando se promulgó la ley, ya que el decreto 681 establece que la ley entrará en vigencia solo con las partidas correspondientes.

Un Amparo Ante la Justicia

En respuesta a la inacción del gobierno, dos familias con menores de 11 años que tienen discapacidad iniciaron un amparo judicial. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el 12 de diciembre una resolución que declaró inválido el artículo 2 del decreto y ordenó “la inmediata aplicación” de la ley 27.793.

Argumentos Judiciales y Derechos Vulnerados

En su fallo, el magistrado calificó de “arbitrarios” los argumentos del gobierno, señalando que el desfinanciamiento del sistema de prestaciones pone en peligro tratamientos esenciales para las personas con discapacidad. Esto, según el juez, contraviene los principios constitucionales y derechos internacionales, vulnerando la igualdad y no discriminación.

Las Responsabilidades del Estado Argentino

El juez enfatizó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”. El Estado tiene la obligación de cumplir con los estándares internacionales que protegen a los grupos más vulnerables.

Recurso de Apelación

El Poder Ejecutivo ha recurrido la decisión del juez. El procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, argumentó que el fallo “causa agravio al Estado Nacional”. A pesar de ello, el juez remitir la apelación a la Cámara Federal de San Martín, manteniendo vigente su decisión sobre la aplicación de la ley.

Contexto de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece un «régimen integral de emergencia nacional» hasta el 31 de diciembre de 2026, con un posible año adicional de prórroga. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocida a nivel constitucional por la Ley 27.044.