En los últimos seis años, la judicialización de demandas jubilatorias en Argentina ha experimentado un auge significativo. La mayoría de estos casos surgen de decisiones de la ANSES, que opta por apelar para retrasar los pagos de los jubilados.

Crecimiento Explosivo de Reclamos Judiciales

Según estadísticas recientes, los conflictos en torno a haberes han aumentado un 470% desde 2019. Durante el primer semestre de 2025, estos reclamos representaron casi el 70% del volumen total de trabajo de la Corte Suprema.

Este fenómeno refleja una creciente presión sobre el sistema judicial, donde los jubilados están tomando un papel activo en la defensa de sus derechos y exigiendo ajustes y retroactivos. Por su parte, la ANSES continúa agotando las instancias judiciales frente a fallos en contra, generando una deuda estatal que no siempre se refleja en los registros contables a corto plazo.

Causas de la Judicialización Masiva

El incremento en las demandas se atribuye a diversas razones. Por un lado, la moratoria de 2005 sumó más de dos millones de jubilados al sistema. Además, factores demográficos como el aumento de la esperanza de vida, la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los constantes cambios en la movilidad jubilatoria también han influido.

Cada cambio en la fórmula de actualización de haberes provoca una nueva ola de juicios que, tras recorrer instancias inferiores, llegan en masa a la máxima instancia judicial del país.

Evolución de los Expedientes en la Corte

Las cifras oficiales indican un creciente número de reclamos. En 2020, la Corte Suprema recibió alrededor de 7.400 casos; en 2021, esa cifra saltó a 13.000, estabilizándose en 20.000 en los siguientes dos años. Sin embargo, en 2024 las demandas superaron los 30.000, y para 2025 ya se registraron más de 42.000.

La ANSES es el actor clave detrás de este aumento, ya que ha emprendido un patrón de demora en el cumplimiento de las sentencias, aun cuando estas han sido validadas por la Corte. A pesar de esto, una resolución reciente ordenó que los pagos deben realizarse de inmediato tras un fallo en firme.

Saturación en los Juzgados de Seguridad Social

La situación de los juzgados también es preocupante. Hace diez años, se recibían en promedio 380 escritos diarios; actualmente, esa cifra se encuentra entre los 600 y 1.000. Cada juzgado del fuero maneja alrededor de 60.000 causas activas, acumulando un total de 600.000 expedientes en proceso.

Por ejemplo, el Juzgado de Seguridad Social n° 7, bajo la dirección de Alicia Braganthi, ha visto un aumento de presentaciones, pasando de 7.600 durante la pandemia a casi 11.000 en la actualidad. La digitalización ha facilitado la gestión de estos reclamos, aportando mayor velocidad al sistema.

El Nuevo Perfil del Litigante

El compromiso de los jubilados es notable. Personas de más de 90 años a menudo se presentan en los juzgados para obtener información sobre el estado de sus expedientes. Aunque es admirable el interés de los beneficiarios, se plantean dudas sobre la viabilidad de un sistema en el que las personas pasan más tiempo como pasivos que en su vida laboral activa.

Impacto de los Bonos y el «Achatamiento»

Cualquier alteración en los ingresos de los jubilados provoca respuestas judiciales rápidas, afectando incluso a quienes no están directamente implicados. Un claro ejemplo es el de Noemí, de 84 años, quien cuestionó la implementación de bonos para haberes mínimos, argumentando que generan un «achatamiento» en la escala previsional y rompen la relación entre aportes y beneficios.

La estrategia de apelaciones continuas de la ANSES actúa como un mecanismo financiero que pospone obligaciones, transformando sentencias en pasivos invisibles para el Estado. En 2024, el organismo fue responsable de más del 50% de las presentaciones ante la Corte Suprema.

Debate sobre la Sostenibilidad del Sistema

Para Osvaldo Giordano, exresponsable de la seguridad social e integrante de Ieral-Fundación Mediterránea, el problema radica en que las normas actuales prometen beneficios que son financieramente inviable con los aportes actuales. Según Giordano, la respuesta política frente a la inflación ha sido manipular la movilidad de los jubilados, lo que lleva inevitablemente a juicios en los que el Estado pierde.

Además, la capacidad de respuesta de la justicia se encuentra limitada por la falta de personal. Actualmente, la Corte Suprema está funcionando con solo tres de sus cinco integrantes, y en el fuero de Seguridad Social, solamente tres de diez juzgados tienen jueces titulares designados.