En el panorama actual, la capacidad de discernir entre información veraz y engañosa se vuelve cada vez más compleja. No es un evento casual; múltiples estudios evidencian cómo tanto gobiernos como grupos privados diseminan deliberadamente contenido falso con fines políticos o económicos. En este contexto, el debate se desplaza de los hechos comprobables hacia narrativas alternativas que, lejos de contribuir a la verdad, confunden a la opinión pública.

El Impacto de las Fake News en la Sociedad

Las noticias falsas tienen un impacto tangible. No solo moldean el debate público, sino que también condicionan las decisiones de la ciudadanía y ponen en riesgo la diversidad de voces en los medios. Sus efectos son claros: contaminan el proceso de deliberación democrática y obligan a los medios tradicionales a reorientar sus esfuerzos hacia la verificación constante, alterando así su dinámica informativa.

Un Obstáculo para el Periodismo Independiente

El periodismo crítico es un componente esencial en una democracia robusta. Sin embargo, este tipo de ejercicio es objeto de descontento por parte de quienes pretenden monopolizar la verdad. La desinformación perjudica al sistema democrático, pero esto no justifica que el Estado actúe como un censor del discurso. La libertad de expresión tiene que mantenerse intacta; ninguna autoridad o institución puede imponer límites que comprometan los fundamentos de un estado de derecho.

Autocensura: Un Peligro Silencioso

Un aspecto alarmante que surge de este contexto es la autocensura. Este fenómeno puede ser más dañino que la censura directa, ya que se manifiesta cuando periodistas, medios o ciudadanos se abstienen de compartir información por miedo a represalias. Este tipo de control, que puede parecer sutil, erosiona la circulación de información esencial para la sociedad y el debate público.

El Papel del Estado en la Libertad de Expresión

La neutralidad estatal en temas de libertad de expresión es fundamental. La verdadera regulación debe venir del escrutinio público, no de oficinas gubernamentales que intenten clasificar la veracidad de las opiniones. Esta necesidad de establecer quién tiene la autoridad para definir qué es desinformación plantea interrogantes difíciles. ¿Bajo qué criterios y límites se lleva a cabo este proceso?

La administración actual ha hecho intentos por abordar la desinformación. Programas como «Confiar» y «Nodio» buscan crear un espacio de verificación y discusión plural. Sin embargo, la manera en que el Estado gestiona la información puede abrir la puerta a la autocensura y a un silenciamiento involuntario de voces críticas.

La libertad de expresión no debe ser vista como un lujo, sino como un derecho fundamental. En un entorno donde el miedo a las represalias predomina, la información esencial puede dejar de circular, debilitando así la base misma de la democracia.

* Abogado.