La jueza Preska toma decisiones clave en la causa de YPF: ¿Qué sigue?
La magistrada estadounidense Loretta Preska está por definir aspectos cruciales en el proceso judicial relacionado con la expropiación de YPF. Este caso avanza en un momento decisivo que podría impactar significativamente a Argentina.
El litigio por la expropiación de YPF avanza en Estados Unidos, y ahora más que nunca, los ojos están puestos en la jueza Preska y sus próximos pasos. A medida que el proceso judicial se acerca a su fase de ejecución, se esperan importantes pronunciamientos sobre sanciones y solicitudes de información por parte del tribunal.
Desacatos y sanciones: un futuro incierto
Según el especialista Sebastián Maril, hay múltiples aspectos en juego. Uno de los hitos será el juicio de dos días, programado para el 22 y 23 de abril. Durante estas audiencias, se decidirá si Argentina incurrió en desacato y, en tal caso, qué sanciones se aplicarían.
El dilema del ‘discovery’
El tribunal también debe resolver cuestiones vinculadas al discovery en el caso Alter Ego, que involucra a diversas empresas estatales. Aunque no está necesariamente ligado al juicio de abril, podría influir en las decisiones posteriores.
El oro en la mira
Otro tema candente es la situación del oro del Banco Central de la República Argentina. Maril subraya que aunque estos asuntos están relacionados, la jueza tiene la flexibilidad de abordarlos separadamente. Esto podría simplificar o complicar aún más el escenario judicial para Argentina.

Contexto del conflicto judicial
Este enredo legal se remonta a 2012, cuando el Estado argentino expropió YPF, anteriormente controlada por la empresa española Repsol. Desde entonces, se han producido varios giros en el caso, incluyendo la adquisición de derechos de litigio por parte de fondos de inversión como Burford Capital y Eton Park, quienes acusan a Argentina de incumplir el consentimiento establecido en el estatuto de la compañía.
En septiembre de 2023, la jueza Preska dictó una sentencia desfavorable para Argentina, ordenando una indemnización de más de 16 mil millones de dólares, más intereses. Desde ese momento, el Gobierno ha apelado la decisión en busca de revertir el fallo.
