La reciente reforma laboral, aún en espera de su aprobación en la Cámara de Diputados, ha encendido alarmas en el sistema de salud privado. Principalmente, se cuestiona un artículo que sugiere disminuir el aporte patronal del 6% al 5%, lo que podría significar un recorte del 13% en el financiamiento, según Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud.

Desafíos en el financiamiento del sistema de salud

Koltan explica que la disminución del aporte no es simplemente un punto menos, sino que impactaría significativamente en los recursos destinados a las prestaciones médicas. «Actualmente, el sector ya enfrenta un difícil escenario financiero», destacó, añadiendo que los costos en salud incrementan más rápido que la inflación y la capacidad de pago de los ciudadanos.

Afectación a obras sociales y hospitales públicos

El presidente de la Cámara advirtió que la reducción de ingresos no solo perjudicaría a las empresas prestadoras de salud, sino que también afectaría a las obras sociales, muchas de ellas ya en crisis. “Esto dejaría fuera de carrera a la mayoría de las obras sociales nacionales”, manifestó.

El dilema que planteó Koltan es crítico: “¿Qué sucederá si perjudicamos el financiamiento del sistema contributivo? La respuesta es evidente: la población se verá obligada a acudir a hospitales públicos, que ya están al borde del colapso.” En Tucumán, por ejemplo, la capacidad del sistema público es limitada, lo que podría resultar en un deterioro de la calidad y accesibilidad de atención médica.

Impacto fiscal en el sistema de salud

Koltan también alertó sobre las repercusiones fiscales más amplias que un recorte traería consigo. Según sus estimaciones, la reforma podría implicar una disminución de 93.000 millones de pesos para la Seguridad Social, afectando indirectamente la coparticipación federal y complicando aún más el panorama financiero del sector.

El derecho a la salud en peligro

El dirigente enfatizó que el debate no debería centrarse en intereses empresariales, sino en garantizar el acceso a la salud para la población. «Esto lo termina pagando la ciudadanía», advirtió, refiriéndose a un posible aumento en los costos de atención o una reducción en la cobertura.
Koltan hizo hincapié en que el derecho a la salud es constitucional y debe ser defendido por todos los actores involucrados. “Los errores se pueden corregir, pero no a costa de desmantelar un derecho fundamental”, concluyó.