Desde su entrada en vigencia, hace apenas 13 días, las fuentes del ámbito judicial han reportado un aumento notable en la disminución de causas activas. La norma, que fue aprobada junto al presupuesto 2026 a fines del año pasado, ha elevado en más del 3000% los montos mínimos necesarios para que se configuren delitos tributarios.

Un Cambio Radical en las Normativas Fiscales

Este ajuste en las cifras ha dejado fuera del ámbito penal la mayoría de las causas que se encontraban en trámite. Según las estimaciones, se están cerrando entre 15 y 20 casos diarios, cifra que podría incluso ser mayor en ciertos contextos. Esto ha planteado interrogantes sobre el futuro de la fiscalización y el cumplimiento tributario en el país.

Quiénes Están Detrás de la Reforma

La «ley de inocencia fiscal» es un componente clave de la política económica del actual gobierno, liderado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Esta legislación busca simplificar la carga tributaria y dar un respiro a los contribuyentes, pero también ha suscitado críticas sobre la facilidad con la que podrían evadirse responsabilidades fiscales.

Reacciones en el Ámbito Judicial

Los operadores del Justicia tienen opiniones divididas respecto a esta ley. Mientras algunos la ven como una oportunidad para desatascar un sistema penal colapsado por causas menores, otros advierten sobre el riesgo de fomentar la impunidad y la evasión.

Perspectivas a Futuro

Con el cierre de expedientes en aumento, se abre un debate crucial sobre la necesidad de reformar el sistema tributario y la implementación de nuevas estrategias de control que eviten abusos. A medida que el impacto de la «ley de inocencia fiscal» se sigue sintiendo, Argentina se enfrenta a una decisión complicada: equilibrar la carga tributaria con la responsabilidad fiscal.