La legisladora Brenda Austin busca revolucionar la situación laboral de los docentes en Córdoba con un proyecto de ley que establece un piso salarial docente, con actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor. Esta medida está diseñada para asegurar que los educadores recuperen su poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Detalles de la Propuesta: Un Salario Justo y Sostenible

En una entrevista con Punto a Punto Radio, Austin delineó los objetivos de su normativa: “Esta ley propone una cláusula de garantía salarial que ajuste automáticamente los salarios mes a mes, permitiendo la recuperación de lo que los docentes han perdido”. Según sus declaraciones, ha habido una disminución del 39% en el poder adquisitivo de los educadores, con un 10,5% de esa pérdida ocurriendo bajo la actual administración de Martín Llaryora.

Impacto Social del Deterioro Salarial

Austin enfatizó que el declive en los salarios no solo afecta a los docentes, sino que también repercute en la situación social de sus familias. “Muchos educadores están por debajo de la línea de pobreza, lo que es inaceptable”, agregó.

Previsión Salarial al Inicio del Ciclo Lectivo

La legisladora también enfatizó la importancia de establecer un marco claro para las discusiones salariales, sugiriendo que el inicio del ciclo escolar no debería verse afectado por disputas sobre salarios. “Queremos romper con esta lógica que convierte a los niños en rehenes de las negociaciones salariales”, declaró.

Proteger los Derechos de los Docentes

Además, el proyecto incorpora el principio de “intangibilidad de las remuneraciones” para evitar situaciones en las que, tras acordar un aumento, se implementen descuentos simultáneamente. Austin aboga por un blindaje legal que garantice la estabilidad de los salarios docentes.

Desigualdad en los Ingresos del Estado y los Salarios Educativos

La legisladora criticó la política salarial actual, señalando que mientras los salarios de los docentes han disminuido, la recaudación estatal ha aumentado. Este desajuste muestra, según ella, una discusión de prioridades que requiere atención. “La provincia está recaudando más y eso debería traducirse en mejores condiciones educativas para los estudiantes”, insistió.

Compromiso con la Educación

Austin recordó que la legislación provincial estipula que al menos el 35% del presupuesto debe destinarse a educación, una normativa que actualmente no se está cumpliendo. “Es esencial que se respete este compromiso para garantizar una educación de calidad en Córdoba”, concluyó.