En un controvertido giro, la administración de Trump ha presentado una solicitud judicial para anular esta legislación pionera, alegando que las emisiones de gases de efecto invernadero están reguladas exclusivamente por leyes federales. Sin embargo, grupos ecologistas han defendido que este intento contradice las propias acciones de la EPA, encargada de proteger el medio ambiente.

Conflicto entre Leyes Federales y Estatales

La solicitud del Departamento de Justicia de Trump busca eliminar la política de superfondos climáticos de Vermont, argumentando que solo el gobierno federal tiene autoridad sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta postura se vuelve contradictoria a la luz de la reciente anulación por parte de la EPA de la «determinación de peligro», la base científica que permite a los funcionarios federales regular estas emisiones.

La Respuesta de los Grupos Ecologistas

Kate Sinding Daly, vicepresidenta de la Fundación de Leyes Ambientales, subrayó la incoherencia del gobierno al intentar frenar las leyes estatales mientras afirma carecer de autoridad para regular emisiones. «Si no tienen autoridad, no pueden impedir que los estados tomen medidas», afirmó Daly.

La Defensa de Vermont y el Rol de Otros Estados

Los defensores de la ley de Vermont argumentan que la legislación no busca controlar futuras emisiones, sino atribuir costos a las decisiones de empresas contaminadoras pasadas. En este contexto, el fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha respaldado también estas iniciativas, que están inspiradas en el programa de superfondos de la EPA, que obliga a las empresas a financiar la limpieza de desechos tóxicos.

Otros estados, como Connecticut, Maine y Nueva Jersey, están considerando implementar políticas similares, lo que podría fortalecer la lucha contra los impactos de la crisis climática a nivel estatal.

Perspectivas Legales Futuras

Expertos legales creen que la revocación de la determinación de peligro podría influir en futuros litigios sobre la responsabilidad climática, incluyendo casos traídos por ciudades y estados que acusan a las grandes petroleras de engaño climático. La Corte Suprema ha acordado evaluar un caso de Boulder, Colorado, en donde se debate si el derecho federal debe prevalecer sobre las reclamaciones estatales.

El Clamor por un Cambio Estructural

Grace Oedel, directora ejecutiva de la Asociación Orgánica de Agricultores de Vermont, advirtió sobre las severas consecuencias que el cambio climático ya impone a los agricultores, señalando que las empresas de combustibles fósiles deben asumir sus responsabilidades económicas en esta crisis. “Es evidente que nuestros líderes no cuentan con un plan coherente para adaptarse a la crisis climática”, declaró.

La próxima audiencia sobre esta disputa legal se llevará a cabo el 30 de marzo, marcando un hito importante en la defensa de la regulación climática estatal frente a la presión federal.