Familias de Víctimas del Fentanilo Participan en Taller de Auditoría sobre la ANMAT
El jueves, familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunirán en un taller participativo convocado por la Auditoría General de la Nación, en una iniciativa para evaluar las responsabilidades de la ANMAT.
La Auditoría General de la Nación (AGN) continúa su labor investigativa en relación con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) debido a la crisis generada por el fentanilo contaminado. Este jueves, los familiares de las víctimas se presentarán en un taller de planificación participativa.
Según la agencia Noticias Argentinas, la AGN ha invitado a los allegados de las víctimas de esta lamentable situación a participar en un taller donde se establecerá una auditoría de gestión sobre la ANMAT. La cita tendrá lugar el 26 de marzo a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
La Urgencia de la Convocatoria
El comunicado enfatiza que “esta convocatoria surge en un momento crítico: hay una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales, que incluye al Ministerio de Salud y la ANMAT, así como una comisión investigadora cuyos informes aún no han producido respuestas efectivas ni cambios estructurales”.
La investigación, liderada por el juez Ernesto Kreplak, ha revelado que “la crisis del fentanilo contaminado dejó al descubierto una secuencia alarmante de fallas” en la detección y control de sustancias, sumada a antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad que no respondió a tiempo. A finales de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense la lista de las víctimas, confirmando 111 muertes relacionadas con el uso del opioide adulterado.
Situación Judicial de los Implicados
En el caso del fentanilo contaminado, 14 individuos están procesados y detenidos, incluyendo a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Este empresario es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que causó la muerte de 20 personas, junto con otros delitos relacionados.
La acusación contra García Furfaro lo involucra, junto con 16 miembros del Personal de los laboratorios, en decisiones sobre la fabricación, distribución y venta de un lote adulterado del opioide. Este lote estaba destinado a uso sanitario público, con una orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.
Según el informe, las adulteraciones se hicieron mediante un proceso de fabricación que presentó “múltiples fallas”, a pesar de que existieron diversas alertas que no fueron atendidas.
