Recientemente, se presumía que la reforma del Código Procesal Penal —que tiene como objetivo establecer un régimen de protección para víctimas— sería la principal prioridad, relegando a un segundo plano la cuestión de los cuidacoches ilegales. Sin embargo, el panorama ha cambiado rápidamente.

Un Timón en la Estrategia del Ejecutivo

La oposición ha señalado que el aumento de la violencia urbana relacionada con los “naranjitas” ha motivado al gobierno a actuar contra esta actividad no autorizada. Por otro lado, la Ley Joaquín entra en análisis tras recibir objeciones judiciales. Esta normativa, de gran impacto simbólico, es crucial para el gobierno, que está dispuesto a defenderla con firmeza.

Regulación Municipal y Responsabilidad Compartida

Desde el Centro Cívico se ha indicado una postura clara en torno a los cuidacoches: avanzar sin demoras, pero respetando la autonomía de los municipios. El proyecto establece que la actividad quedará prohibida a menos que cuente con la autorización correspondiente a nivel local, lo que permitirá a los municipios gestionar la actividad de manera controlada a través de cooperativas o programas específicos.

La administración busca evitar el desgaste político de una prohibición total, una opción que defienden algunos sectores de la oposición, apoyados por la Iglesia. En este contexto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, enfatiza un enfoque enérgico con “más controles, más presencia en las calles y cero tolerancia al abuso”. En el primer trimestre del año, se detuvieron a 156 “naranjitas” como parte de este esfuerzo.

Enfocados en lo Ilegal

El proyecto de ley que está siendo discutido se basa en la propuesta del legislador Oscar Agost Carreño. El artículo central establece que la utilización del espacio público para la limpieza de vehículos y el cuidado de los mismos solo estará permitido con autorización expresa de la autoridad correspondiente. Las sanciones por ejercitar actividades no autorizadas varían desde trabajos comunitarios y multas, hasta posibles días de arresto.

Construyendo Consenso a Través de Propuestas

El oficialismo busca unificar cinco propuestas diferentes, incorporando elementos de la oposición como la regulación planteada por Matías Gvozdenovich o la inclusión sociolaboral promovida por Matías Chamorro. La prohibición estricta sugerida por Gregorio Hernández Maqueda ha sido desestimada.

El objetivo es construir un “consenso amplio” que valide la norma y se invita a los municipios a adaptar sus ordenanzas a esta nueva legislación. La comisión de Seguridad, bajo la presidencia de Juan Manuel Llamosas, evaluará esta cuestión de manera inmediata, con audiencias que incluirán a la Iglesia y otras instancias relevantes.

Debates sobre la Ley Joaquín

Simultáneamente, la Unicameral discute la “Ley Joaquín”, destinada a implementar un régimen integral de protección para víctimas de delitos. Este proyecto busca garantizar derechos efectivos y estándares claros de trato, con el fin de llevar a la práctica lo que hasta ahora ha sido solo declarativo.

La iniciativa permite una mayor participación de las víctimas, dándoles la opción de convertirse en querellantes, aunque este aspecto ha planteado preocupaciones jurídicas sobre su posible inconstitucionalidad en casos que involucran menores no punibles.

El foco está en ajustes potenciales y el artículo que pretende modificar el Código Procesal Penal para extender la figura del querellante. Mientras tanto, la atención se centra en el avance de la ley contra los “naranjitas” en un contexto de debate intenso.