Caputo desacredita la controversia por créditos hipotecarios en el Gobierno
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha respondido enfáticamente a las críticas sobre la concesión de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación, defendiendo su legalidad y moralidad en una reciente entrevista.
Pablo Quirno elogió las palabras de Caputo, quien se pronunció sobre la polémica durante una aparición en el canal LN+. En vez de mostrar inquietud por las denuncias judiciales relacionadas con préstamos otorgados a funcionarios, Caputo aseguró que «no hay nada ilegal y mucho menos inmoral».
Directo al punto: Caputo y la legalidad de los créditos hipotecarios
Durante la entrevista, Caputo se mostró crítico con la cobertura mediática de la situación, calificándola de «patética». Al ser interrogado por el periodista Luis Majul, enfatizó que no existen delitos en la concesión de estos créditos, desestimando las preocupaciones en torno a la legalidad de los mismos.
Defensa del crédito hipotecario como motor de desarrollo
Caputo argumentó que es justificado que un funcionario público solicite un crédito hipotecario, manifestando: «Si lo pudieran sacar más funcionarios, les diría ‘vayan y saquen'». Enfatizó que promover estos créditos es esencial para el crecimiento económico del país.
Reacción ante la denuncia judicial
El ministro respondió a una denuncia presentada por Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, que solicitaba investigar los créditos otorgados a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei. Según fuentes, varios funcionarios se encuentran en una lista de quienes han recibido préstamos significativos del Banco Nación.
Los montos en disputa
Entre los casos más destacados se encuentran Juan Pedro Inchauspe, del directorio del BCRA, quien recibió un préstamo de $510 millones, y Felipe Núñez, asesor de Caputo, con un crédito de $373 millones.
Repercusiones en el ámbito político
Las declaraciones de Caputo han generado un amplio debate en el ámbito político y mediático, resaltando el contraste entre la defensa del ministro y las voces críticas que cuestionan el acceso a estos beneficios por parte de funcionarios públicos.
