El presidente Javier Milei ha declarado su intención de “llegar hasta las últimas consecuencias” para identificar a los involucrados en una presunta campaña rusa de desinformación contra su administración. En una acción que ha generado debates y críticas, este martes se decidió prohibir el ingreso a la Casa Rosada de varios periodistas.

Restricciones Selectivas a la Prensa

Desde la Casa Rosada, se ha aclarado que no se trata de una suspensión total, sino de “una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”. Los periodistas afectados, quienes no pueden ingresar al recinto, han perdido su huella de acceso pero no su acreditación. Sin embargo, no existe claridad sobre la duración de esta medida.

Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada y El Destape son algunos de los medios cuyo personal ha sido excluido. Curiosamente, algunos medios que también están mencionados en la investigación, como Infobae y El Cronista, no han sufrido ninguna consecuencia. Se ha especulado que El Cronista pudo evitar la restricción al explicar que los artículos cuestionados fueron publicados por un ex-empleado.

Intervención en el Congreso

Las restricciones se están aplicando también a otros ámbitos. Según La Nación, el diputado Martín Menem ha replicado esta medida en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, la presidenta Victoria Villarruel no ha seguido el mismo curso, generando aún más confusión.

Reacciones de los Medios

El Destape ha calificado la situación como “censura”, afirmando que el gobierno de Milei está intensificando su ataque a la prensa, limitando voces críticas que exponen las políticas de su administración. La respuesta a estas restricciones por parte de los medios es clara: el ejercicio del periodismo es fundamental para la democracia y lo que está en juego es la libertad de expresión.

La Investigación y sus Consecuencias

Una controversia mayor rodea a esta situación: un grupo de agentes rusos supuestamente llevó a cabo operaciones de desinformación en Argentina, publicando artículos en diversos medios locales. La investigación, impulsada por The Continent y openDemocracy, identificó a 23 medios que publicaron, en total, 229 artículos financiados por estos agentes.

Al enterarse de esta trama, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal, lo que ha llevado a que el caso quede bajo la supervisión del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.