Desde el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, se enfatiza que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante emergencias y situaciones de riesgo, que actualmente carecen del marco adecuado para su atención.

Desigualdades en la implementación actual

Una de las razones clave para esta reforma es la disparidad en la implementación de la ley existente. De acuerdo con los datos oficiales, solo 16 jurisdicciones se han adherido completamente a la normativa actual, lo que crea desiguales oportunidades de acceso a servicios de salud mental.

Adicionalmente, el sistema presenta brechas estructurales: muchas provincias carecen de servicios adecuados en hospitales generales y de suficientes camas para internaciones, lo que genera demoras y limitaciones en la atención de los pacientes.

Un enfoque más coherente y adaptable

En este marco, el nuevo proyecto busca instaurar un modelo más alineado y adaptable a nivel nacional, que permita rápidas y efectivas intervenciones ante crisis.

Nuevos criterios diagnósticos en salud mental

Entre los cambios más significativos se encuentra la redefinición de conceptos esenciales. El gobierno propone sustituir el término «padecimiento mental» por clasificaciones más precisas, inspiradas en estándares internacionales.

El objetivo es eliminar ambigüedades y elevar la calidad de los diagnósticos, alineando el sistema local con normativas globales.

Criterios de intervención mejorados

Además, se implementa un nuevo criterio de intervención: la «situación de riesgo para la vida o integridad física», tanto del paciente como de otras personas. Este enfoque busca facilitar intervenciones más proactivas y preventivas.

Modificaciones en las internaciones

Respecto a las internaciones, el proyecto mantiene su carácter excepcional, pero flexibiliza los procedimientos en situaciones críticas. Introduce la posibilidad de internaciones involuntarias inmediatas en casos de riesgo inminente, con la decisión a ser validada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.

A su vez, se estipula que una internación voluntaria puede transformarse en involuntaria si el paciente no puede tomar decisiones sobre su propia salud. En tales situaciones, intervendrán tanto la Justicia como equipos profesionales.

Un nuevo paradigma de atención en salud mental

El proyecto también propone en el modelo de atención un cambio significativo. A diferencia de la legislación actual, que fomentaba el cierre de hospitales psiquiátricos, la nuevas ideas buscan integrarlos en una red más amplia y diversa.

Este sistema incluirá diversos niveles de atención, como hospitales especializados, servicios en hospitales generales, atención ambulatoria y dispositivos comunitarios. El fin es crear una red coordinada que optimice las derivaciones y garantice la continuidad en los tratamientos.

Fortalecimiento del control y respaldo político

El proyecto también prevé un robustecimiento de los mecanismos de control y supervisión, fomentando una mayor participación del Ministerio de Salud y otros organismos técnicos.

En el ámbito político, la propuesta ha recibido un respaldo significativo. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha mostrado su apoyo y ha subrayado que la normativa actual “no operó eficazmente”, resaltando la urgencia de implementar cambios.

En los próximos días, el proyecto será presentado en el Congreso, donde se anticipa un debate amplio, con la participación de diversos sectores. Desde el oficialismo, se confía en que esta reforma será clave para edificar un sistema más eficiente y justo, adecuadamente preparado para enfrentar situaciones críticas.