«Nuestro objetivo es reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la sociedad, única fuente de legitimidad», declaraba la solicitada que sacudió los cimientos del Poder Judicial argentino. Así se presentó en 2013 «Justicia Legítima», un colectivo que pretende ofrecer una nueva perspectiva sobre la justicia.

Un Nacimiento Memorável

La agrupación hizo su debut oficial en abril de 2013, llenando un salón en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Su primera solicitud fue respaldada por más de 200 profesionales del derecho, entre ellos la procuradora General de la Nación de ese momento, Alejandra Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez, y magistrados de distintas partes del país.

Desafiando lo Tradicional

«Justicia Legítima» surgió como una respuesta a la denominada «familia judicial», que históricamente ha operado en un entorno cerrado y selectivo, representado por la Asociación de Magistrados. Este nuevo actor judicial proponía una justicia más accesible y conectada con la ciudadanía, pero sus aspiraciones no se concretaron.

Críticas y Desacuerdos Internos

Desde su inicio, se enfrentaron a críticas que cuestionaban la legitimidad de quienes no formaban parte de la agrupación. A esto se sumó el respaldo a una reforma judicial impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, conocida como «democratización de la justicia», que generó divisiones entre sus miembros. Muchos consideraron que el proyecto buscaba manipular el Poder Judicial para fines políticos, provocando la salida de varios adherentes que habían apoyado la primera solicitud.

Vínculos con la Política

A pesar de las tensiones internas, «Justicia Legítima» logró mantenerse relevante mediante la obtención de nombramientos en el sistema judicial, aprovechando su cercanía al kirchnerismo. Inclusive, tuvieron representación en el Consejo de la Magistratura a través de la lista Celeste, la cual también sufrió pérdidas significativas de miembros que decidieron formar nuevos grupos.

Presidencias Femeninas y Reconocimientos

La organización fue liderada por dos mujeres que luego ocuparon cargos en gobiernos kirchneristas. Cristina Caamaño desempeñó roles en el Ministerio de Seguridad y luego fue interventora de la AFI durante el mandato de Alberto Fernández. María Laura Garrigós de Rébori, por su parte, dirigió el Servicio Penitenciario Federal durante el mismo gobierno.

Nuevos Desarrollos en la Era Milei

Recientemente, el gobierno de Javier Milei renovó el interés en «Justicia Legítima» al enviar al Senado postulaciones judiciales de personas asociadas a la agrupación. Un nombre destacado en estas propuestas es el de Juan Manuel Mejuto, quien fue secretario del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 5 y firmante de la primera solicitada de la agrupación.

Historias de Afiliación y Compromiso

Otra figura relevante es Hernán Figueroa, también firmante de la solicitada de 2013, que en la actualidad se manifiesta en contra de reformas en la baja de la edad de imputabilidad. Su trayectoria como defensor público ante los tribunales en casos de delitos económicos resalta la diversidad de voces que ha emergido desde el interior de «Justicia Legítima».