El choque entre la Casa Rosada y la prensa se intensifica tras las acusaciones del Gobierno a Luciana Geuna, a quien se le imputan mentiras y la realización de grabaciones clandestinas dentro del emblemático palacio presidencial. Esta respuesta oficial no solo busca desmantelar las defensas de la periodista, sino que también explica la decisión de restringir el acceso a los medios en la Casa Rosada.

El comunicado del Gobierno: cinco razones de su postura

Mediante la «Oficina de Respuesta Oficial», el Gobierno emitió un comunicado que detalla las razones detrás de su decisión. El eje central es la crítica a las técnicas de grabación utilizadas por el equipo de Geuna, que, según los funcionarios, evidencian un modus operandi poco transparente. Se preguntan por qué, si contaban con el permiso necesario, optaron por grabar con dispositivos ocultos.

Requisitos de grabación y violaciones a las normas

El comunicado enfatizó que cualquier grabación dentro de la Casa Rosada debe ser solicitada formalmente mediante una nota escrita. Además, se hace referencia directa a Ignacio Salerno, el periodista que recorrió los pasillos, quien admitió durante una transmisión en vivo tener conocimiento de los riesgos que implicaba su acción.

Áreas restringidas y material sensible

Otro aspecto importante del comunicado se centra en el hecho de que las imágenes publicadas por Geuna corresponden a zonas restringidas del edificio gubernamental. Esto se agrava por el reconocimiento de la periodista sobre la existencia de más material, lo que sugiere un plan más amplio que va más allá de un simple informe.

Las bases legales del Gobierno

Para reforzar su postura, el Gobierno también difundió partes del Reglamento Interno que los periodistas deben cumplir. En este reglamento, el registro de imágenes en áreas no autorizadas está considerado como una falta grave, lo que podría llevar a la revocación de credenciales.

Reacciones en televisión y un conflicto judicial

La tensión escaló aún más cuando Geuna defendió su accionar en su programa ¿Y mañana qué?, argumentando que su objetivo era la transparencia. Sin embargo, tanto el Gobierno como la diputada Lilia Lemoine contrarrestaron su versión, acusando al canal de querer desprestigiar a un funcionario y afirmando que no hubo ninguna autorización previa.

El escándalo ahora se traslada al ámbito judicial, con una denuncia penal que ha llegado a los tribunales de Comodoro Py. Este caso, que relaciona a los comunicadores con la posible divulgación de información sensible, marca un nuevo capítulo en la complicada relación entre el Ejecutivo y la prensa argentina.