Este martes, las comisiones de Presupuesto, Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado dieron luz verde a un entendimiento que involucra pagos por USD 171 millones a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. Este acuerdo es crucial para evitar que un litigio se reactive bajo condiciones financieras más gravosas.

Elementos clave de este acuerdo incluyen la posibilidad de una quita de más del 30% sobre las cantidades que los acreedores reclaman según fallos en cortes estadounidenses. Si se aprueba, el pago se desglosaría en USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor.

Urgencia en el Congreso

El acuerdo llegó al Congreso con una clara advertencia: se debía avanzar antes del 30 de abril para evitar costos adicionales. Sin embargo, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, anunció una extensión del plazo hasta el 31 de mayo.

Mecanismo y condiciones del acuerdo

La operación se realizará bajo el esquema de «Entrega contra Pago«, lo que significa que los fondos se liberarán simultáneamente con el pago de los bonos. Además, los acreedores asumirían los gastos legales derivados del litigio. Se incorpora una cláusula de «standstill» que impide a los fondos iniciar nuevas acciones judiciales durante la operación.

Impacto estratégico para Argentina

El Gobierno también busca poner fin a los procesos de discovery que están relacionados con activos argentinos en el exterior, lo que incluye investigaciones sobre cuentas y privatizaciones. En la comunicación enviada al Congreso, se argumenta que la culminación de este acuerdo limitaría las acciones judiciales de los acreedores en Estados Unidos y mejoraría la percepción sobre el cumplimiento de sentencias firmes.

Posturas encontradas en el Senado

El dictamen contó con el apoyo de miembros de la coalición libertaria y otros bloques de diálogo, mientras que Unión por la Patria expresó su desacuerdo mediante un dictamen de minoría. El senador Agustín Monteverde defendió el acuerdo argumentando que es esencial para cerrar el litigio con los principales acreedores, mientras que opositores como Jorge Capitanich señalaron riesgos institucionales y fiscales.

Acelerando la aprobación

Desde La Libertad Avanza (LLA), se defendió la necesidad de cumplir con estos antiguos compromisos, resaltando la importancia de cerrar este capítulo para mejorar la confianza y reducir el riesgo país. La jefa del bloque, Patricia Bullrich, criticó al kirchnerismo por oponerse a lo que el oficialismo considera una negociación esencial.

El siguiente paso es la discusión del dictamen en el recinto del Senado. Si obtiene la aprobación, se trasladará a la Cámara de Diputados. La prórroga hasta el 31 de mayo le otorga al Gobierno un respiro, aunque la intención es resolverlo antes de que surjan nuevos conflictos en los tribunales estadounidenses.