A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, el Ministerio de Capital Humano anunció una significativa multa de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad. Esta sanción responde a la falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria, dictada el 5 de febrero de 2026, en cuanto a su conflicto salarial y su participación en el paro general del 19 de febrero, liderado por la CGT.

La titular del Ministerio, Sandra Pettovello, aclaró que la multa se impuso tras verificar que el sindicato no respetó la conciliación, lo cual afecta la continuidad de los servicios ferroviarios y el interés general de la población.

Un Contexto de Conflicto Laboral

El comunicado indica que el sindicato se abstuvo de adoptar acciones acordadas, lo que se considera una infracción grave de acuerdo a la Ley N° 14.786. Esta normativa establece que las partes deben evitar medidas de acción directa y restablecer la situación anterior al conflicto.

Las Repercusiones en el Sistema Ferroviario

La imposición de esta sanción ha suscitado inquietud en el ámbito ferroviario y entre los propios trabajadores, quienes han manifestado que la situación económica se encuentra en un estado crítico. El aumento del costo de vida y la falta de acuerdo salarial han generado un clima de alta tensión.

Movilización de la CGT por el Día del Trabajador

En paralelo, la CGT ha anunciado una marcha hacia la Plaza de Mayo este 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador. Cristian Jerónimo, uno de los líderes sindicales, anticipó que la movilización será «multitudinaria» y abrirá sus puertas a diversos sectores sociales, reflejando la creciente preocupación por la situación económica del país.

Jerónimo destacó que “la gente no llega a fin de mes”, enfatizando que la pobreza ha aumentado debido a los recortes en ayudas sociales. “La conflictividad social irá en aumento”, advirtió, sugiriendo la posibilidad de nuevas protestas.

Un Llamado a la Acción

Jorge Sola, otro dirigente cegetista, expresó que se espera que las medidas de fuerza se intensifiquen, señalando que «la voz de la calle debe ser escuchada». La situación actual se caracteriza no solo por una caída del consumo, sino también por el endeudamiento y la pérdida de empleos.

La tensión entre las organizaciones sindicales y el gobierno sigue creciendo, mientras los trabajadores enfrentan un panorama incierto y demandan cambios significativos en las políticas laborales.