La historia se desencadena cuando una jubilada acudió a los tribunales expresando su preocupación por el uso que se le estaba dando a sus datos personales. Según su testimonio, no había entregado dicha información para ser molestada por el Estado a través de llamadas o correos electrónicos, un hecho que le resultaba particularmente incómodo por su condición de persona mayor.

Rechazo Inicial y Cambios Legales

La primera instancia judicial desestimó su reclamo; sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó esta decisión, ordenando a la ANSeS que no usara los datos de la jubilada. La Corte interpretó que la cesión de la información había sido «ilícita».

La Postura del Estado Nacional

En respuesta a la decisión de la Cámara, el Estado Nacional apeló, argumentando que actuaba dentro del marco de la ley 25.326, que permite el uso de datos personales sin el consentimiento del titular en ciertos casos. Aseguró que tanto la ANSeS como la Secretaría de Comunicación Pública son entidades del Estado y actuaron en el ejercicio de sus funciones.

Intervención de la Corte Suprema

La Corte Suprema asumió el caso y, en un fallo firme, declaró que los artículos de la ley invocados por el Estado eran inconstitucionales. En su dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas sostuvieron que estas disposiciones limitaban de manera excesiva y no justificada los derechos a la privacidad y autodeterminación informativa, garantizados por la Constitución.

Implicaciones del Fallo

En su análisis, la Corte subrayó que el derecho al consentimiento para el manejo de datos personales es fundamental y debe ser resguardado. Alegaron que las excepciones a esta regla deben ser normadas formalmente y solo pueden ser utilizadas con fines legítimos, proporcionales y que no alteren la esencia del derecho fundamental a la privacidad.

Dissidencias en el Tribunal

A pesar del amplio respaldo en la Corte, los ministros Carlos Rosenkrantz y Beatriz Aranguren disintieron, abogando por rechazar los argumentos del Estado Nacional y confirmar la decisión de la Cámara sin considerar la validez de la ley.

Este fallo representa una victoria significativa para la protección de los datos personales en Argentina, reafirmando la importancia del consentimiento en el manejo de información privada. La Corte ha dejado claro que la privacidad de los ciudadanos no debe ser vulnerada por razones administrativas.