La despedida de Tomás Orihuela no solo fue un acto de duelo, sino también un reflejo de la ira y la confusión que atraviesa su familia. Una caravana de motocicletas recorrió las calles del barrio Pueyrredón, mientras el Servicio Penitenciario organizaba el traslado de cuatro familiares, requiriendo su presencia en este momento tan difícil.

Los familiares de Orihuela, que llegaron desde diferentes cárceles, fueron acompañados por una multitud que se concentró en un área a pocas cuadras, justo donde días previos habían ocurrido enfrentamientos entre vecinos y la policía.

Las normativas que rigen el traslado de detenidos

Según la Ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria, se permiten salidas extraordinarias por razones humanitarias, como el fallecimiento de un familiar cercano. Sin embargo, la autoridad judicial puede denegar estos traslados si existen razones justificadas. La decisión final recae en un juez, fiscal o tribunal, de acuerdo a la situación del detenido.

En el caso de los familiares de Tomás, su solicitud fue presentada en la noche del martes y debió ser resuelta en un lapso de 24 horas. Sin embargo, la autorización no fue firmada por la jueza de Ejecución, sino por una prosecretaria, lo que ha generado suspicacias sobre la legalidad del procedimiento.

La familia alza su voz

Mientras el debate por el traslado se intensifica, los seres queridos de Orihuela expresan su profundo dolor y desconfianza. Aseguran que su fallecimiento no se debió a un suicidio, como se sugiere, sino que fue producto de la violencia sufrida en la comisaría. Denuncian que Tomás presentó un edema cerebral y complicaciones en los órganos, lesiones que no serían compatibles con un acto voluntario de quitarse la vida.

Además, la familia alega que la orden de detención presentada por la policía estaba caducada y que no pudieron visitar a Tomás en la noche previa a su muerte, a pesar de que su madre se acercó para llevarle víveres y ropa.