Bolivia Abroga Ley de Tierras: Un Giro Tras Protestas Masivas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha decidido revocar la polémica ley de tierras tras fuertes movilizaciones de campesinos e indígenas. Este cambio de rumbo busca pacificar el descontento que se había apoderado de la nación.
Este miércoles, el mandatario boliviano firmó la abrogación de la ley 1720 de tierras, luego de que diversos sectores, principalmente campesinos e indígenas, realizaran manifestaciones desde la Amazonía hasta La Paz, incluyendo bloqueos de carreteras en rechazo a la norma cuestionada.
“Hoy, gracias al diálogo entre todos los bolivianos, la ley 1720 ya no existe. La abrogación significa que ha sido eliminada por completo”, informó el presidente en un video oficial.
Nueva Estrategia Agraria en Camino
Apenas seis meses después de asumir el cargo, Paz aseguró que se necesita construir una nueva ley sobre la tierra, enfocándose en el consenso y la participación de las comunidades.
La Cámara de Diputados aprobó la ley 417 que revoca la anterior ley 1720, la cual había sido promulgada el 8 de abril y suscitó un aluvión de protestas desde su entrada en vigor. Desde marzo, campesinos e indígenas han llevado a cabo movilizaciones masivas para exigir la eliminación de esta norma.
Un Mes de Tensión y Resistencia
La ley 1720 estuvo vigente durante solo 35 días, periodo en el cual los sectores movilizados mantuvieron una vigilia frente al Parlamento a la espera de la sanción de la ley que la abrogaría. Aunque la firma de Paz fue oficializada, aún faltan formalidades para su publicación. El Gobierno espera que esta acción lleve a la desescalada de las protestas que han marcado la agenda política en el país.
Protestas que Marcaron la Política Nacional
Los campesinos bolivianos, movilizados tras una marcha que duró 27 días, exigieron la derogación de la ley 1720. Faifer Coaquira, líder de las protestas, expresó que la norma debilitaba la seguridad de los pequeños productores y facilitaba la concentración de tierras, lo que perjudicaba especialmente a las comunidades indígenas.
“Le damos un plazo de 24 horas al gobierno desde el lunes, estamos dispuestos a radicalizar nuestras acciones si no escuchan nuestras demandas”, afirmó Coaquira en medios locales, resaltando la determinación de los manifestantes ante la falta de respuesta.
Las demandas de los dirigentes incluyen seguridad jurídica y la anulación de un proyecto que penaliza los bloqueos. Coaquira enfatizó: “Estamos unidos y pedimos que el presidente atienda nuestras exigencias, de lo contrario, habrá consecuencias”.
