El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se encuentra en el centro de una controversia por las deficiencias estructurales del edificio ubicado en la avenida República de Panamá 3650. Un estudio reciente revela que la construcción, adquirida en 2018 por US$ 33.5 millones, presenta un alto riesgo de colapso durante un fuerte sismo.

<h2>Un Edificio en Cuestión</h2>
<p>El inmueble, con 16 pisos y cuatro sótanos, fue comprado sin un estudio técnico que garantizara su seguridad. La falta de una evaluación adecuada ha llevado a preocupaciones sobre la integridad del edificio, especialmente desde que se conocen los peligros descubiertos en un informe de sismorresistencia realizado en 2020.</p>

<h3>Problemas Estructurales Detectados</h3>
<p>El estudio elaborado por el especialista Carlos Cortijo Narváez indica que el diseño del edificio, originado en los años 90, no cumple con los estándares de seguridad requisitos. Entre los problemas identificados se encuentra la torsión estructural, que podría resultar fatal en caso de un sismo.</p>

<h2>Consecuencias de la Falta de Evaluación</h2>
<p>Los análisis técnicos señalaron que el sexto piso presenta la mayor vulnerabilidad, con el riesgo de que, ante un terremoto, los soportes del edificio sufran daños que podrían llevar a un colapso total.</p>

<h3>Necesidad de Intervención Inmediata</h3>
<p>A pesar de que la situación se conoce desde hace años, las obras de refuerzo necesarias para asegurar la estabilidad del edificio no se han implementado. Las soluciones propuestas incluyen la instalación de disipadores sísmicos, pero el proceso ha estado estancado debido a disputas contractuales.</p>

<h2>Un Proceso Interrumpido por Contradicciones</h2>
<p>El contrato con el Consorcio REYCH, encargado de diseñar el plan de refuerzo, fue resuelto tras desacuerdos técnicos. Esta controversia ahora está en manos de un proceso arbitral, dejando a los trabajadores en un limbo de incertidumbre.</p>

<h3>Un Futuro Incierto</h3>
<p>Con la seguridad de cerca de 700 empleados en juego, el Ministerio de Vivienda ha iniciado una nueva convocatoria para buscar una consultora que formule el expediente técnico de emergencia y pueda avanzar con las obras esenciales. La situación plantea importantes interrogantes sobre las políticas de adquisición del Estado y la necesidad de realizar evaluaciones estructurales adecuadas antes de comprar propiedades públicas.</p>