En una columna extensa publicada en el Wall Street Journal, Rubio comparó la situación de agentes de la patrulla fronteriza y líderes electos que podrían ser «arrastrados ante un tribunal internacional» para ser juzgados por jueces de diferentes partes del mundo.

El funcionario expresó su preocupación sobre cómo, si no se actúa, estos individuos podrían enfrentarse a procesos judiciales por defender su país, lo que calificó como una amenaza a la soberanía estadounidense. Esto lo respaldó con un video publicado en X, donde advirtió sobre el peligro de dejar que jueces extranjeros decidan el destino de los ciudadanos estadounidenses.

Presión Internacional y Reacciones de Expertos

El plan del Departamento de Estado estadounidense incluye presionar a otras naciones para que se retiren de la CPI. De acuerdo a un funcionario consultado, los países que no rechacen la autoridad de la CPI, mientras dependen de la ayuda de EE. UU., podrían enfrentar sanciones, restricciones a viajes y revocaciones de visas.

Sin embargo, varios expertos en derecho internacional han cuestionado las afirmaciones de Rubio, describiéndolas como una interpretación errónea de los poderes del tribunal. Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, subrayó que la CPI no tiene jurisdicción sobre delitos cometidos en EE. UU., y que las afirmaciones de Rubio buscan encubrir una búsqueda de impunidad para crímenes de guerra estadounidenses.

Los Límites de la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, solo puede investigar delitos cometidos en países que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI en 2002. Estados Unidos no ha ratificado este tratado y actualmente, la CPI no investiga crímenes en su territorio.

Roth agregó que lo que se pretende con este movimiento es permitir que EE. UU. cometa violaciones en países que sí han aceptado la jurisdicción de la CPI, resaltando la hipocresía que esto implica.

Historias Contradictorias en la Administración Trump

En ocasiones, la administración Trump había apoyado la idea de la jurisdicción de la CPI, como se vio con la apertura de investigaciones sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania, un país firmante del Estatuto de Roma. Por otra parte, la CPI ha iniciado investigaciones sobre Israel en relación con su conducta en Palestina, donde la corte cuenta con consentimiento para llevar a cabo sus indagaciones.

Durante su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba una «emergencia nacional» en respuesta a las acciones de la CPI, imponiendo sanciones a funcionarios del tribunal por sus investigaciones sobre el conflicto en Palestina y el accionar de tropas estadounidenses en Afganistán.

Impacto y Consecuencias de la Campaña de Rubio

Aún no está claro cómo la reciente promesa de Rubio para “desmantelar” la CPI influirá en las operaciones del tribunal en el futuro. Un antiguo funcionario de sanciones del gobierno estadounidense sugirió que se escucharán voces internacionales sometidas a presión para adoptar acciones contra la CPI.

Existen rumores de que la administración Trump podría sancionar a la CPI en su conjunto. De ser así, esto significaría que los ciudadanos estadounidenses no podrían trabajar con la CPI, y cualquier implicación podría acarrear severas penalidades financieras o incluso penas de cárcel.

Raed Jarrar, director de defensa de Dawn, advirtió que esta estrategia no solo muestra la hipocresía de EE. UU., sino que también podría obstaculizar el acceso a la justicia a nivel global, afectando zonas como Ucrania y Sudán, lo cual podría considerarse un obstrucción de justicia bajo el Estatuto de Roma.