Intentaron sobornar a la justicia tras los disturbios en debate de Ley Bases: ofrecieron 250 mil pesos para suspender el juicio

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TÍTULO: Revés judicial para detenido durante protesta por Ley de Bases en Argentina

BAJADA: Un detenido durante la protesta del 12 de junio de 2024 en Argentina recibe un revés judicial por intento de suspensión del juicio a cambio de abonar 250 mil pesos.

Los hechos ocurridos durante la protesta del 12 de junio de 2024, en medio del debate por la Ley de Bases en Argentina, continúan generando repercusiones en la Justicia. En esta ocasión, uno de los detenidos, identificado como Brian Ezequiel Ortiz, vio rechazada su solicitud de suspensión del juicio a prueba por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ortiz, acusado de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad por presuntamente haber agredido a policías durante la protesta, había solicitado la suspensión del juicio a cambio de abonar 250 mil pesos como reparación económica, además de realizar tareas comunitarias. Sin embargo, el juez a cargo del caso consideró que las circunstancias del hecho eran graves y de interés público superior, por lo que el caso no podía resolverse mediante una salida alternativa.

Durante la protesta, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación, se registraron graves incidentes, incluyendo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, con autos y contenedores quemados, explosiones de bombas molotov y más de 30 detenidos. El Gobierno porteño estimó en más de 278 millones de pesos el costo de reparar los daños causados.

La tensión durante la jornada alcanzó su punto máximo en horas de la tarde, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. A pesar de los intentos por parte de algunos legisladores peronistas de mediar en la situación, la violencia se intensificó tras la aprobación en general del proyecto de Ley de Bases.

En medio de estos acontecimientos, la Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que el caso de Brian Ezequiel Ortiz debía ser llevado a juicio oral y público, descartando la posibilidad de una suspensión del juicio a cambio de una reparación económica.