Título: Provincia de Buenos Aires investiga a Mercado Pago y billeteras virtuales por incumplimientos
Bajada: El gobernador Axel Kicillof anunció una investigación contra Mercado Pago y otras billeteras virtuales por posibles violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
La Provincia de Buenos Aires formalizó una investigación contra Mercado Pago y otras seis billeteras virtuales por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. El anuncio lo hizo el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa, en medio de un contexto de morosidad récord que en mayo tocó su pico más alto en más de dos décadas.
El expediente apunta a Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. La cartera productiva provincial recibió 2.240 denuncias en el primer semestre del año por incumplimientos normativos, acoso y hostigamiento a deudores.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, detalló las imputaciones. El expediente incluye acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas, falta de información clara en las condiciones de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible desde el primer ingreso a las aplicaciones.
Si se comprueban los incumplimientos, las multas podrán alcanzar los $1.883 millones. A eso se sumará la obligación de revertir todas las prácticas y cláusulas contrarias a la normativa vigente.
Costa adelantó que la Provincia profundizará las acciones vinculadas con la defensa de usuarios de billeteras virtuales. Un terreno en el que, según indicó, se reciben de manera sistemática denuncias por incumplimientos y abusos de distintas empresas proveedoras de servicios de pago y crédito.
En su exposición, Kicillof planteó que la gravedad del endeudamiento y de los incumplimientos en el país no siempre se dimensiona de manera adecuada. Según las estadísticas que citó el gobernador, el 60% de la población adulta del país está endeudada. Eso equivale a 21 millones de personas.
La investigación continuará avanzando con el objetivo de garantizar la transparencia en las operaciones financieras y proteger los derechos de los consumidores afectados.