A través de un borrador que combina más de 100 artículos, se plantea una transformación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas relacionadas. La intención es reducir la cantidad de juicios laborales, fomentar el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a las exigencias actuales del mercado.

Una de las propuestas más destacadas es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado. Este régimen busca incentivar a los empleadores a regularizar las relaciones laborales que se encuentran en situación irregular. Entre los incentivos ofrecidos, se contempla la condonación de deudas previsionales y la reducción de multas, siempre y cuando las empresas regularicen a su personal.

La registración laboral se centralizará en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque se eliminarán multas por trabajo no registrado, se mantendrá la presunción favorable al trabajador en litigios laborales.

Una modificación crucial es el cambio en el régimen indemnizatorio. Se estipula que la base de cálculo se ajuste a tres veces el salario promedio del convenio aplicable, estableciéndose además un mínimo del 67% del salario normal. Los convenios colectivos también podrán optar por un fondo de cese laboral en lugar de indemnización.

El borrador también introduce ajustes sobre enfermedades y accidentes laborales, estableciendo criterios claros para la reincorporación del trabajador, así como distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.

Se propone un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, considerados como trabajadores independientes. Este nuevo marco les otorgará derechos como la libertad de rechazar pedidos sin justificación y garantías respecto a bloqueos en la aplicación.

El proyecto otorga flexibilidad en la fijación de horas laborales, aunque establece mínimos de 12 horas de descanso entre jornadas. Además, se propone un acuerdo entre empleador y trabajador sobre las vacaciones, permitiendo la extensión del período vacacional, siempre respetando el mínimo legal.

El borrador también refuerza la obligación de negociar de buena fe en procedimientos de crisis, incorporando sanciones para partes que obstaculicen el proceso. Incluye actualizaciones de créditos laborales y beneficios para fomentar la contratación de nuevos empleados.

El nuevo proyecto se propone redefinir diversos aspectos de la relación laboral, excluyendo ciertos grupos y ajustando normativas clave en la Ley de Contrato de Trabajo. Se establece que las disposiciones no serán aplicables a empleados de la administración pública y otras contrataciones específicas.

Con un enfoque en el desarrollo productivo, el proyecto incluye un régimen de incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). Se propone la actualización de quebrantos, eliminación de impuestos internos y exenciones en ganancias relacionadas con alquileres, buscando fomentar la inversión y el crecimiento empresarial.

Finalmente, el borrador prevé la derogación de varias normas históricas, impactando artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo y otros estatutos laborales. Este enfoque radical busca realizar una limpieza normativa que muchos consideran necesaria en el contexto actual.