Leandro Camani, propietario de Secutrans, una empresa vinculada al negocio de las fotomultas, ha llevado su denuncia a los tribunales de La Plata, acusando a Tapia de «abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito». Estas acusaciones no están relacionadas directamente con su rol en la AFA, sino que surgen a partir de su gestión al frente de la CEAMSE, donde se investiga un incidente relacionado con la interrupción del suministro eléctrico de equipos de control de velocidad.

La denuncia presentada ante la fiscalía platense liderada por Alvaro Garganta ha sido sellada y, por el momento, no ha avanzado en su proceso judicial. Camani parece haber respondido a una serie de acusaciones lanzadas por Tapia en enero, donde el presidente de la AFA denunciaba a Camani y otros miembros de la Coalición Cívica por supuesta extorsión.

Tapia reaccionó a las acusaciones presentando una denuncia penal contra el concejal de Pilar Matías Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso y Camani. En su escrito, sostiene que las recientes denuncias sobre su patrimonio y su gestión no son más que una represalia por su negativa a un negocio millonario relacionado con las fotomultas.

Según Tapia, Camani intentó abrirse paso en el mercado de sistemas de control de velocidad y, tras su negativa, supuestamente lo amenazó con lanzar denuncias penales en su contra. Este mismo patrón se refleja en la denuncia presentada en La Plata, que comparte espacio con investigaciones sobre un posible escándalo de fotomultas que involucra a ex funcionarios y abogados.

La denuncia de Camani argumenta que la interrupción del funcionamiento de los radares en la autopista Camino del Buen Ayre fue realizada sin la debida autorización y en violación a las normativas vigentes. Camani defiende que todos los equipos contaban con la habilitación de los municipios correspondientes y del ministerio de Transporte provincial.

Claudio Tapia, junto a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, enfrenta serias acusaciones que han desembocado en procesos judiciales. Entre las denuncias se encuentra la falta de aportes laborales por sumas millonarias y el uso de facturas apócrifas. La Coalición Cívica también ha señalado operaciones sospechosas, como la adquisición de una mansión en Pilar, que involucra a personas cuya procedencia de fondos es cuestionable.

El impacto de estas acusaciones en la imagen de la AFA y en la carrera de Tapia es incierto, pero la justicia tendrá la responsabilidad de aclarar estos complejos lazos entre poder, dinero y deporte en Argentina. Las implicaciones de este caso podrían repercutir más allá de las instancias judiciales, tocando fibras profundas del fútbol argentino.