CELS Impugna el DNU 941/25: Un Llamado a la Defensa de los Derechos Civiles
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha interpuesto este martes una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, pidiendo la anulación del DNU 941/25, que modifica la Ley de Inteligencia. Esta iniciativa busca frenar las implicaciones de un decreto que, según la organización, amenaza graves derechos fundamentales.
La demanda judicial plantea que el decreto es ilegal e inconstitucional por varias razones. Primeramente, el CELS afirma que el Gobierno no ofreció justificaciones adecuadas para la urgencia de modificar una ley tan delicada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, evitando así el debate legislativo. En segundo lugar, destaca que el DNU transgrede la normativa penal, algo que en principio está prohibido en la Constitución Nacional. Por último, argumenta que las disposiciones del decreto son arbitrarias y desproporcionadas, afectando derechos esenciales.
Artículos en el Punto de Mira
La acción judicial se enfoca principalmente en los artículos 4, 17, 18 y 19 del DNU, que, según el CELS, amenazan directrices constitucionales y derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad personal, la privacidad y el debido proceso. La implementación de estas nuevas normas podría restringir severamente la participación social y política de los ciudadanos.
Facultades Expandidas: Un Riesgo para la Democracia
Uno de los aspectos más preocupantes del amparo es el desmantelamiento de las limitaciones históricas sobre los organismos de inteligencia. El CELS denuncia que el decreto amplía de manera vaga las competencias del Estado en cuestiones de «investigaciones de inteligencia» y contrainteligencia. De este modo, se despoja a las agencias de las restricciones que anteriormente les impedían interferir en la esfera política y social.
Acceso a Datos Personales: Sin Control Judicial
Otro punto cuestionado es el acceso sin restricciones a información personal. El nuevo artículo 10 del decreto permite a los organismos de inteligencia solicitar datos de cualquier entidad estatal sin necesidad de aprobación externa, lo que desdibuja la relación de proporcionalidad y justificación necesaria. Además, permite que la Secretaría de Inteligencia del Estado comparta esta información con terceros sin orden judicial previa, algo que la normativa anterior sí requería.
Detenciones Sin Orden Judicial: Un Aumento del Autoritarismo
El amparo también critica la capacidad otorgada a los agentes de inteligencia para arrestar individuos sin orden judicial en el contexto de «actividades de inteligencia» o por delitos en flagrancia. Esta medida, además de violar la prohibición constitucional de legislaciones penales por parte del Ejecutivo, se basa en definiciones vagas que generan incertidumbre sobre las condiciones bajo las cuales se llevarían a cabo estas detenciones.
Para el CELS, estas reformas no son simples ajustes administrativos, sino un intento de reestructuración fundamental que amplia el control estatal sobre derechos y libertades, sin ofrecer justificación ni control parlamentario adecuado. El impacto de estas disposiciones podría socavar las garantías individuales que son esenciales en una democracia saludable.
