Citarán a Hebe de Bonafini por presunta apropiación de 46 millones de pesos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo

Hebe de Bonafini deberá volver a Tribunales como acusada y podría sumar su segundo procesamiento vinculado al programa «Sueños Compartidos». La Justicia ordenó indagarla por la presunta apropiación -y desaparición- de al menos $ 46,1 millones en aportes jubilatorios de los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fueron retenidos a esos trabajadores, pero que nunca se giraron a las arcas previsionales. El juez en lo Penal Económico, Diego García Berro, la citó a indagatoria para el 25 de octubre, en línea con lo que ordenaron sus superiores de la Cámara de Apelaciones, quienes consideraron «que existen elementos suficientes» para llamarla a declarar. Con la firma de Roberto Hornos y Marcos Grabivker, la Sala B de la Cámara confirmó además el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por la desaparición de esos $ 46,1 millones, que retuvieron pero no giraron a la Anses, entre abril de 2008 y abril de 2011, su salida de la Fundación. Durante esos años, la Fundación de las Madres acumuló ingresos por $ 1207 millones; en su mayoría, para desarrollar el programa «Sueños Compartidos» de construcción de viviendas sociales, que terminó en un escándalo, cruces de acusaciones entre Bonafini y los Schoklender y la apertura de investigaciones penales. Según constató la Justicia, también durante esos mismos años la Fundación Madres de Plaza de Mayo registró gastos por $ 1203 millones, destinó fortunas a «gastos superfluos» y retuvo el dinero correspondiente a los aportes jubilatorios de sus empleados, pero desvió esos fondos. No sólo eso, según surge de cuatro auditorías, informes y peritajes -de la Corte Suprema, del Banco Central (BCRA), de la Policía Federal y de la Auditoría General de la Nación (AGN)-, mientras los empleados acumulaban meses sin sus aportes, los Schoklender se giraron decenas de millones de pesos, a sus empresas y a otras sociedades vinculadas. Así, según verificó la Justicia, Sergio Schoklender cobró $ 23,1 millones de fondos públicos girados a las Madres de Plaza de Mayo; su hermano Pablo embolsó $ 13,3 millones; la firma Meldorek (en la que Sergio Schoklender controlaba el 90% de las acciones), otros $ 4 millones; y la firma Antártica Argentina (con la que Schoklender compró inmuebles), $ 3,7 millones más. En total: $ 44,1 millones. Bonafini, de 88 años, podrá dar ahora su versión ante el juez García Berro sobre esos movimientos de dinero, como así también sobre otros $ 121 millones que, según verificó la Justicia, salieron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con cheques al portador, es decir, sin identificar a sus beneficiarios. Todo, mientras que los empleados seguían sin sus aportes. La titular de las Madres siempre negó cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa sobre esos fondos, que atribuyó a Sergio Schoklender. Bonafini supo definirlo como «hijo leal» y supo agradecerle su «empeño, tesón, fidelidad y encomio». Pero terminó por caracterizarlo como un «chorro» y un «estafador, traidor y basura». Para la Justicia, sin embargo, Bonafini también sería responsable por lo que ocurrió en «Sueños Compartidos». En mayo de este año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de las Madres y a los hermanos Schoklender por el presunto desvío de al menos $ 200 millones, junto al ex secretario de Obras Públicas, José López, y su subsecretario, Abel Fatala. «¿Por qué yo estoy procesada, que no robé ni diez centavos? Al contrario, he puesto para la patria la sangre de mis hijos», se defendió Bonafini, en la primera marcha de los jueves de las Madres posterior a su procesamiento. Mientras, Schoklender decía lo contrario: «El manejo discrecional de los fondos lo tenía Hebe. Ella disponía de esos fondos». La investigación que instruye García Berro en el fuero Penal Económico, en tanto, se centra en las decenas de millones de pesos de aportes previsionales que la Fundación retuvo de los salarios de sus empleados, pero que no giró a la Anses.