La Crucial Decisión Judicial Sobre Marine Le Pen que Podría Marcar el Futuro Político de Francia
En una jornada que promete ser decisiva para la política francesa, un tribunal de apelaciones en París ha anunciado que emitirá su fallo el próximo 7 de julio en el caso de fraude en contra de Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha.
La corte de primera instancia ya había impuesto a Le Pen un veto de cinco años para ocupar cargos públicos debido a un escándalo relacionado con empleos ficticios en el Parlamento Europeo, lo que podría arruinar sus aspiraciones presidenciales.
Un Caso que Podría Cambiar el Rumbo de la Política Francesa
En marzo de 2025, se dictó que Le Pen estaba en el centro de “un sistema fraudulento” que permitió a su partido desviar fondos europeos por un valor estimado de €2.9 millones. Si el tribunal de apelaciones confirma esta grave acusación, Le Pen no podría postularse en 2027, un periodo considerado su mejor oportunidad para llegar a la presidencia.
Al finalizar la audiencia del miércoles, el presidente del tribunal anunció que el veredicto se conocerá a principios de la tarde del 7 de julio. Tras la audiencia, Le Pen expresó su deseo de que la resolución llegue lo más pronto posible.
Una Larga Trayectoria Presidencial en Suspenso
Le Pen llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2017 y 2022, pero en ambas ocasiones fue derrotada por Emmanuel Macron, quien no podrá competir nuevamente en las elecciones de 2027 tras alcanzar el límite de dos mandatos consecutivos.
Tras el fallo de la apelación, Le Pen decidirá su futuro político y ha mencionado que su número dos, Jordan Bardella, de 30 años, podría ser el candidato de su partido, el RN. Recentes encuestas indican que Bardella tiene altas probabilidades de ganar la segunda vuelta en caso de que se presente en 2027.
Acusaciones de Desvío de Fondos Públicos
Los fiscales han solicitado que se mantenga la prohibición de cinco años y una condena de cuatro años de prisión, de los cuales tres serían en suspenso, para Le Pen y otros miembros de su partido. En el juicio inicial, se le impuso una pena de cuatro años, con dos años suspendidos.
Los fiscales argumentan que el uso de fondos europeos para pagar empleados ha sido desleal hacia otros partidos políticos, indicando que, como abogada, Le Pen no podría haber ignorado las irregularidades en los contratos firmados por sus asistentes. «El dinero público fue desviado gota a gota hasta convertirse en un río», declaró el fiscal Stéphane Madoz-Blanchet, sugiriendo que este sistema era liderado por Le Pen.
Defensa de Le Pen en el Tribunal
Durante el juicio de apelación, Le Pen admitió que algunos de sus empleados desempeñaron funciones para el partido, pero insistió en que siempre creyó que estas actividades eran permitidas. “Nunca hemos ocultado nada”, afirmó, culpando a las autoridades del Parlamento Europeo por no advertir sobre posibles violaciones a las normas.
Su abogado defendió que existía una «zona gris» en la interpretación de las reglas que debería beneficiar a los acusados, argumentando que cualquier error administrativo fue hecho de buena fe.
