Cristina declara ante Bonadio en causa por dólar a futuro

La expresidenta Cristina Fernández acudirá este miércoles a los tribunales federales para declarar como acusada por las ventas de «dólar a futuro» durante el final de su gobierno ante el juez Claudio Bonadio, quien fue ratificado hoy en ese expediente por sus superiores de la Sala II de la Cámara Federal.

A horas de su indagatoria, Fernández no había designado ante el juzgado a ningún defensor, aunque circulaban versiones de que sería Carlos Berardi -penalista que fue socio del ex camarista y ex ministro de Justicia León Arslanian- y quien ya representa a Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria y titular de Hotesur, la firma que regentea los hoteles de la familia Kirchner, sometida a investigación.

El enigma se develará oficialmente mañana a las 10, cuando Cristina Fernández suba las escalinatas de Comodoro Py 2002 y acceda hasta el cuarto piso, donde la esperan para declarar como sospechosa de las operaciones con dólares a futuro durante la última parte de su gobierno, las cuales según el juez generaron importantes pérdidas al Estado.

Esa declaración corría peligro de suspenderse porque un directivo del Banco Central, Pedro Biscay, había recusado a Bonadio por presuntas falta de imparcialidad y arbitrariedad.

Pero esta mañana los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron la recusación y dejaron al frente de la causa a Bonadio, aunque admitieron en su fallo que el magistrado tiene «su particular criterio» en el trato que dispensa a las partes del proceso (la defensa, la fiscalía y la querella).

Los jueces recordaron que ese comportamiento «ha sido rechazado» por la Cámara Federal «en numerosas oportunidades», pero consideraron que las quejas de Biscay sobre la actitud atribuida a Bonadio -no haberle dado en su momento fotocopias del expediente y no haber recibido un escrito de descargo- «no poseen la entidad suficiente» como para hayan causado una «lesión al derecho de defensa que se alegara».

Y abundaron en el asunto al señalar que la actitud del magistrado «no puede entenderse como indicio de la existencia de un interés especial (del juez) distinto al vinculado con el esclarecimiento de los hechos».

Mientras la Cámara definía esta cuestión, el juez indagaba al ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof, quien presentó un escrito y luego se reunió con una treintena de seguidores que fueron a apoyarlo.

Kicillof dio explicaciones políticas y técnicas y le aconsejó al juez que en lugar de investigar al kirchnerismo lo haga con el gobierno de Mauricio Macri.

Mañana la ex jefa de Estado será indagada por «defraudación a la administración pública» por el juez al que ella llamó «pistolero» y acusó de ser parte del «partido judicial».
La presencia de Cristina en Retiro -a cuatro meses de haber dejado la jefatura del Poder Ejecutivo- desplegó un mega operativo de seguridad en torno a los tribunales federales que comenzó a regir desde hoy por la tarde, frente a la anunciada movilización que planean militantes kirchneristas en apoyo de su líder.

En una acordada de la Cámara de Casación firmada hoy, solo podrán ingresar a Tribunales los periodistas acreditados con documentos (no se permite entrada de personas con cámaras) y quedará restringido el tránsito vehicular en los alrededores.

La causa investiga las operaciones de ventas de «dólar a futuro» que, según la pesquisa habrían causado un perjuicio al erario que el juez estimó en alrededor de 77 mil millones de pesos. Bonadio ya indagó al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, quien defendió la operatoria y dijo que con ello había evitado una devaluación, y a los ex vices primero y segundo de la entidad Miguel Pesce y Sebastián Aguilera.

Al ordenar las indagatorias, Bonadio había dicho que se trataba de «un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas», que actuaron «en violación directa de sus competencias y atribuciones».

Las operaciones, según el magistrado, se concretaron «en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional»

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