La medida fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, respaldando las conclusiones de una investigación que cuestionó la autenticidad de una nota presentada por la empleada, identificada por las iniciales M.M.A., quien ocupaba un cargo de planta permanente.

El origen del problema: una nota cuestionada

La controversia se inició con una nota datada el 10 de septiembre de 2021, que la empleada había presentado en el marco de un trámite sobre inasistencias injustificadas. En ella, intentaba demostrar su regularidad en el trabajo en el área de Títulos Notariales, pero la existencia de inconsistencias llamó la atención de las autoridades.

Inconsistencias reveladoras

La directora del Registro de la Propiedad Inmueble detectó que la firma en la nota no era la suya y confirmó que el documento no se había generado, firmado ni sellado por ella. Aportó además, modelos auténticos de documentos usados en la dependencia, diferenciando notablemente la firma y la redacción.

Investigación en marcha

La denuncia dio pie a un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Se descubrió que esta nota había sido utilizada como prueba en otro expediente donde la empleada ya había sido sancionada por inasistencias injustificadas.

Los testimonios de sus colegas

En su defensa, M.M.A. negó la adulteración del documento, presentando pruebas y testimonios de compañeros que destacaron su desempeño laboral, aunque coincidieron en un dato clave: en la dependencia no se utilizaba firma digital para validar documentos.

Conclusiones del sumario

Este hecho resultó crucial, ya que la nota en cuestión poseía una firma digital de la directora, un método que no estaba en uso. El informe final concluyó que la incorporación de dicha firma intentó conferir al documento una apariencia de autenticidad, lo que fue considerado una falta grave dentro del comportamiento esperado en la administración pública.

El decreto de despido

Finalmente, el gobernador del Chaco firmó el decreto que concretó el despido de la agente, argumentando que su conducta contravenía el Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial y la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública. El decreto estipula que la sanción entra en vigor desde la notificación formal, terminando así su vínculo laboral con el Estado provincial.

Además, se había iniciado una denuncia penal por presunta adulteración de documentos; sin embargo, esta fue archivada a finales de agosto de 2023, aunque el proceso administrativo continuó y culminó en su despido.