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El gobierno bonaerense dispuso la «intervención administrativa temporal» de la empresa Coviares, concesionaria de la autopista La Plata-Buenos Aires, se informó oficialmente.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, anunció la intervención y precisó que la decisión fue adoptada a fin de «conocer los ingresos y egresos» de la firma.
Esto se encuentra en el marco, puntualizó, de la obligación del gobierno de «controlar» y hacer «que se cumplan los contratos vigentes», con el objetivo de «mejorar el estado de la traza» y «poner en marcha la construcción de la tercera vía».
El ministro sostuvo en declaraciones radiales que el gobierno bonaerense dispuso «la intervención administrativa temporal» de Coviares «para conocer los ingresos y egresos que se producen».
«No partimos de sospechas, queremos verificar la transparencia de los ingresos porque no tenemos certezas de los números», aseguró Arlía.
El ministro recordó que la Provincia «tiene el poder concedente», por lo tanto tiene la «responsabilidad» de otorgar la «concesión de la autopista, la operación, mantenimiento y expansión».
Esta atribución, explicó, implica «poder controlar y hacer que se cumplan los contratos vigentes o reformularlos para que se cumpla con los objetivos que la provincia marca en función de los reclamos de los usuarios sobre cómo debe ser la transitabilidad», agregó.
«La autopista tiene que mejorar el estado de la traza, se tiene que expandir y se tiene que poner en marcha la construcción de la tercera vía, este año queremos tener al menos el tramo de Quilmes a Hudson», adelantó.
Estas obras, sostuvo Arlía, son «la principal respuesta» que debe dar el gobierno de Daniel Scioli a los usuarios de la autopista «que se quejan por la tarifa y por el mal servicio que reciben».
«Lo primero es hacer bien las cosas, que la autopista funcione como corresponde, luego se pueden discutir las cuestiones financieras de la empresa», concluyó.
