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Argentina reiteró su “derecho inalienable” sobre Malvinas y pide negociar al Reino Unido

El Gobierno reiteró el “derecho inalienable” de la Argentina sobre las islas Malvinas, así como su “firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones con el Reino Unido” sobre lo que calificó de una “inaceptable y anacrónica situación colonial”. Así lo definió la Cancillería, en un comunicado que emitió en la víspera del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector Antártico, en que se conmemora la creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Desde su independencia de España, el Gobierno argentino, en su condición de heredero de los territorios australes y los espacios marítimos circundantes que habían pertenecido a la metrópoli, ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo al dictado de las normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de su soberanía”, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Reseñó que “el 3 de enero de 1833 las autoridades y los pobladores argentinos de las islas fueron expulsados por el Reino Unido mediante el uso de la fuerza, procediendo, a partir de entonces, las ilegítimas autoridades británicas a ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales”. La cartera que encabeza el canciller, Héctor Timerman, insistió en que “a pesar del tiempo transcurrido”, el Reino Unido “se niega a reanudar las negociaciones de soberanía”, a lo que calificó de “incomprensible e inadmisible”. También remarcó que “la Argentina no está sola en su reclamo” ya que “América Latina y el Caribe la respaldan”, así como “las 54 naciones de África”, que expresaron “su unánime respaldo” durante la reciente Cumbre América del Sur-África, celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial. También criticó la consulta popular realizada en marzo en las Malvinas, a instancias del gobierno británico, y sostuvo que “esa votación no encuentra sustento en ninguna de las 40 Resoluciones de la ONU sobre la Cuestión Malvinas” y que “no altera la naturaleza bilateral de la disputa de soberanía ni releva a ese país de cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la controversia”.

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