Un conjunto de diputados nacionales, entre ellos Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, y María Inés Zigarán, ha presentado esta mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639).

Irregularidades que afectan la participación ciudadana

Los legisladores sostienen que la audiencia adolece de serias irregularidades en su organización, que limitan de manera indebida el acceso de la ciudadanía a este debate crucial. Según ellos, estas fallas contravienen el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), así como compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

Exigencia de un debate genuino

El diputado Ferraro, uno de los principales impulsores de la impugnación, afirmó que el esquema adoptado restringe la participación oral directa y deja afuera a la mayoría de los inscriptos. Además, criticó que se hayan cambiado las condiciones de participación una vez empezado el proceso, lo que altera las reglas de juego originales.

«Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar sobre un tema esencial que afecta a provincias y comunidades relacionadas con el agua de los glaciares. Sin embargo, se ha reducido la posibilidad de exposición al 0,3%, ahogando las voces de muchos ciudadanos. No se pueden realizar cambios tan significativos sin un debate genuino ni un consenso social necesario,» expresó Ferraro.

Cuestionamientos a la transparencia en la selección de participantes

La diputada Selva subrayó que la selección de quienes podrían expresarse durante la audiencia fue restrictiva y poco transparente. En su intervención, también comentó que aquellos que deseaban hacer uso de la palabra tuvieron que reformular sus intervenciones, limitando así su derecho a la expresión. “Se busca dar la impresión de una audiencia pública, pero no se garantiza un verdadero espacio de participación,» aseguró.

Argumentos presentados en la impugnación

En el documento de impugnación, los diputados destacan varios puntos clave:

a) Sustitución del carácter oral e inmediato de la audiencia por mecanismos de participación predominantemente escritos o audiovisuales.

b) Implementación de criterios de selección poco claros y arbitrarios, que comprometen la igualdad y el acceso a la participación.

c) Restricción de la exposición oral directa, que es esencial para el derecho a ser oído.

d) Falta de claridad en los tiempos de intervención y el orden de exposición, lo que afecta la seguridad jurídica y la transparencia del proceso.

Por estas razones, los diputados solicitan que se declare inválida la audiencia y se convoque a una nueva instancia que garantice una participación equitativa y efectiva. Asimismo, no descartan recurrir a la justicia si persiste la vulneración del derecho a intervenir en cuestiones ambientales.