Controversia en torno a la nueva reforma de Inteligencia del Gobierno argentino
La reciente modificación a la Ley Nacional de Inteligencia, implementada por decreto, ha desatado un fuerte rechazo en el ámbito político, generando intensos debates sobre su legalidad y su impacto en la sociedad.
El Club Político Argentino expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno, alegando que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 941/25 se propone «a contrapelo de la Constitución Nacional». La entidad reclamó que Argentina, que ha sufrido atentados terroristas, «no puede improvisar su política de inteligencia».
Protestas del Club Político Argentino
Desde el CPA, se manifestaron preocupados por la falta de participación del Congreso y la sociedad civil en esta reforma. Según su comunicado, «el fundamento legal del decreto es inexistente», alertando sobre la necesidad de respetar las instituciones democráticas.
Un llamado a la reflexión sobre la seguridad nacional
El Club reiteró su compromiso de abogar «por el respeto a las instituciones de la democracia» y condenó cualquier intento de concentración de poder en el ámbito gubernamental. El comunicado finalizó con una enérgica exigencia: abordar los desafíos de la seguridad nacional respetando las garantías constitucionales.
Argumentos del Gobierno para la reforma
En medio de las críticas, la Secretaría de Inteligencia del Estado lanzó un comunicado defendiendo la reforma, describiéndola como parte de una “segunda generación” del Sistema de Inteligencia Nacional. Argumenta que el DNU busca “adaptar al país a las amenazas del siglo XXI”.
Cambios estructurales propuestos
Entre las modificaciones planeadas, el DNU pretende aclarar las funciones del sistema de inteligencia, eliminar superposiciones y establecer un funcionamiento más eficiente. La Secretaría de Inteligencia subrayó que se busca garantizar una mayor transparencia interna y fortalecer los controles legales.
La situación legislativa actual
A medida que el Gobierno defiende su postura, la oposición solicita la activación de comisiones de control. Un grupo de diputados ha enviado una carta exigiendo un tratamiento urgente del DNU, el cual podría ser discutido en el Congreso en la segunda mitad de febrero.
