Los sindicatos docentes en la provincia de Buenos Aires han decidido llevar a cabo un paro conjunto, marcando un momento decisivo en la relación con la gestión de Axel Kicillof. Con esta medida, buscan expresar su descontento no solo por la política salarial, sino también por otras características de la administración provincial.

El 2 de marzo, con el regreso a clases tras el verano, está programado un paro que involucrará a casi cinco millones de estudiantes. Esta protesta ha surgido después de intensas negociaciones durante las últimas dos semanas que no lograron llegar a un acuerdo.

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) han establecido una serie de exigencias que abordan no solo cuestiones salariales, sino también reclamos dirigidos al gobierno nacional.

Recientemente, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), liderada por Liliana Olivera, rechazó una propuesta de incremento salarial por parte del Ministerio de Trabajo, pasando a una postura de confrontación. Suteba, el gremio más grande con casi 115 mil afiliados, ha decidido unirse a la huelga, evidenciando un desgaste en su relación con el gobierno provincial.

Entre las inquietudes planteadas, los gremios solicitan:

• Restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
• Convocatoria a la mesa paritaria nacional.
• Aumento del presupuesto educativo.
• Mejoras en la política salarial para los 550 mil educadores que trabajan en la provincia.

La implementación del paro se alineará con el inicio del ciclo lectivo, lo que podría añadir un desafío adicional a la nueva directora general de Escuelas y Cultura, Flavia Terigi, quien asumió el cargo en diciembre y deberá enfrentar esta situación desde su llegada.

Hasta ahora, Kicillof había mantenido una relación relativamente estable con los docentes, pero recientes tensiones han comenzado a evidenciar una grieta en la alianza.

En respuesta a las demandas, la oferta realizada por la Gobernación incluía un aumento del 3% en febrero, pero estas propuestas han sido catalogadas como insuficientes. La situación económica de la provincia, donde el 90% del presupuesto educativo se destina a salarios, complica aún más la negociación.

Las actualizaciones salariales aún están en pausa, y a pocos días de un paro significativo, surge la posibilidad de nuevas conversaciones antes de la fecha programada. Sin embargo, si no se presenta una mejora en la oferta, la consulta al Congreso gremial permitirá que las medidas se extiendan.

Con el descontento manifestado y la presión de las bases, el clima se torna complicado para la gestión provincial y podría marcar el comienzo de una nueva era de confrontaciones en el ámbito educativo.