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“El estado del Estado” detalla el desorden en la administración pública

El informe “El Estado del Estado” difundido por el Poder Ejecutivo Nacional, es un diagnóstico de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015, área por área. En una síntesis del trabajo, que es resultado de las auditorías realizadas en las distintas áreas de la administración pública, expresa que el Estado incrementó su tamaño y también sus recursos, pero mejoró menos de lo esperable su capacidad de proveer bienes públicos a la ciudadanía. Pone de relieve que las instituciones de la República, en lugar de controlar la gestión y prevenir hechos de corrupción, se emplearon en ocasiones como un instrumento en la lucha política a favor del oficialismo y fueron desmanteladas cuando se volvieron una amenaza para quienes ocupaban el gobierno. Detalla que en diciembre de 2015, el nuevo gobierno encontró en el Estado nacional una actitud ambivalente con respecto al empleo público. Si bien en los años anteriores la planta de personal en todos los niveles del Estado había crecido sustancialmente –un 64%, de 2.200.000 a 3.600.000, entre 2003 y 2015–, la calidad, la productividad y la coordinación de esos empleos no mejoraron de ninguna manera notoria. Existía un discurso a favor del empleo público desmentido por sucesivas gestiones que mantenían al empleo público en situación de precariedad, mal remunerado, mal organizado, en algunos casos como un sostén de militancia política y, en muchos otros, con pocas oportunidades de crecimiento para los muchos empleados que se tomaban en serio su servicio público y querían progresar profesionalmente. La carrera pública, por ejemplo –dice-, estaba completamente desactualizada y no contemplaba el mérito y el esfuerzo de cada trabajador. La capacitación del personal estaba desarticulada y no perseguía objetivos de crecimiento profesional dentro de la administración pública. Los plazos de los concursos públicos eran demasiado extensos: algunos de ellos llevaban abiertos más de dos años sin que se alcanzara el nombramiento del personal. De los alrededor de 217.000 empleados de servicio civil en la administración centralizada y descentralizada, más de 70.000 tenían contratos precarios, que debían ser renovados cada año a voluntad de sus jefes de área. No había, además, ninguna coordinación: en diciembre de 2015 se localizaron en la Administración Pública Nacional 36 sistemas distintos de liquidaciones de sueldo y administración de personal. Había, además, 13.635 personas con la edad requerida para jubilarse y no lo habían hecho, impidiendo de esta manera la renovación natural de cualquier organización y la aparición de oportunidades para los empleados más jóvenes. Consigna la existencia de empleados que cobraban y no asistían a su lugar de trabajo: en el Indec, por ejemplo, había 30 personas contratadas que en los sistemas de presencia tenían un promedio de menos de dos horas por día. En el Ministerio de Justicia había 50 personas contratadas a quienes que se les pagaba un sueldo a pesar de que vivían en el interior y no tenían registros de ingreso al ministerio o ninguna otra oficina. En la Entidad Binacional Yacyretá, 130 personas contratadas no asistían a su puesto de trabajo. Otra práctica habitual –agrega- era la contratación de personas por su afinidad política para hacer trabajos casi exclusivamente de militancia política. En el Centro Cultural Kirchner, 600 personas contratadas no tenían conducción, programas de trabajo ni roles asignados. En el último trimestre de 2015, antes y después de las elecciones presidenciales, el Hospital Posadas contrató a 644 personas que no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas. El desórden y la falta de coordinación permitían que se generaran situaciones imposibles de mantener si la administración fuera más transparente o tuviera más controles. En la Secretaría de Comunicación Pública, por ejemplo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, había 500 personas contratadas repartidas en apenas tres oficinas, sin tareas asignad

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