El fiscal pidió investigar el uso de fondos públicos para temas personales de López

El fiscal se basó en las declaraciones de testigos en la causa para denunciar supuestos desvíos de fondos en la contratación de pasantes de tres universidades públicas para la Secretaría que comandó López, el uso de choferes para temas personales y de custodios para vigilancia de su casa de Dique Luján que podrían haber sido pagados por una empresa concesionaria de servicios, entre otras irregularidades. En la denuncia a la que accedió Télam y que quedó sorteada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal que interviene en la causa por el hallazgo de 9 millones de dólares en poder de López, argumentó que se estaría ante delitos de acción pública con un perjuicio para las arcas del Estado Nacional. Además, recordó que todos los choferes de la Secretaría que declararon bajo juramento de verdad coincidieron en que «todos los vehículos que utilizaron mientras trabajaron en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación eran propiedad de distintas concesionarias viales (como ser «Ecodyma», «Benito Roggio», «Concesionario Vial 1», «Concesionario Vial 3″, entre otros)». Estos autos debían destinarse al control de las obras que se adjudicaban a estas empresas, pero «los choferes manifestaron que estaban a disposición de los familiares de José López para trasladarlos hacia donde les indicaran», advirtió Delgado. «Incluso, trasladaban a los secretarios privados de José López, Hugo Néstor Opromolla y Oscar Victorio Saranzotti, cuando se ocupaban de sus asuntos personales y de las cuestiones familiares del funcionario (por ejemplo, iban hasta el departamento de su padre, Blas López, y lo llevaban a dar un paseo)» o llevaban al personal doméstico. Además en la denuncia se pidió investigar supuestas irregularidades en la contratación de pasantes de al menos tres universidades públicas -UBA, San Martín y Tres de Febrero- porque un asistente de López aseguro que se cometía fraude. «Mientras José López se desempeñó como Secretario de Obras Públicas de la Nación trabajaron allí pasantes que provenían de distintas universidades (“la UBA, la de San Martín y la de Tres de Febrero, no sé si son más”)», citó Delgado al testigo. Y continuó: «A esos alumnos el estado les pagaba el sueldo. Pero la corrupción estaba, por ejemplo, en que se firmaban pasantías por 20 alumnos, cuando en realidad sólo ingresaban a trabajar 10. El dinero de las otras 10 vacantes se lo distribuían entre los funcionarios y las universidades.” , declaró Hugo Opromolla. Por último el fiscal aludió a «contratación del personal de seguridad privada asignado a la vivienda de José López, ubicada en Belgrano 1018, Dique Luján, provincia de Buenos Aires, en tanto podrían haber tenido participación una concesionaria del estado nacional y un sindicalista, lo que denotaría, cuanto menos, una contradicción con la ley de ética pública». Un testigo declaró que en el 2014 uno de los guardias de la casa le relató que eran contratados por una empresa concesionaria de servicios. López está detenido y procesado por enriquecimiento ilícito a raíz de los 9 millones de dólares que intentó sin éxito esconder en un monasterio de General Rodríguez y por su casa de Dique Luján, en la cual figura como inquilino pero que el juez federal Daniel Rafecas sostiene era de su propiedad. Esta mañana, el ex funcionario fue trasladado desde el penal de Ezeiza a los tribunales federales de Retiro para notificarse en persona de la ampliación del procesamiento dispuesto en su contra pro el juez Rafecas en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.