El Gobierno publicó el informe titulado “El estado sobre el Estado”

El Gobierno dio a conocer públicamente un informe titulado “El estado sobre el Estado” sobre la Administración Pública Nacional, que se irá actualizando en los próximos meses, y cuyo objetivo central es el de “identificar los desafíos pendientes” a partir de los datos oficiales recolectados por la nueva gestión. El informe cuenta con 223 páginas y cumple, según expresa el texto, con la publicación de «todos los datos, área por área» sobre el estado de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015, con un saldo global que da cuenta de numerosas irregularidades ya expresadas en diferentes momentos, pero con detalles y precisiones. El estado del Estado: https://t.co/6fJgsYw3zN pic.twitter.com/Pw7xPjkHqj — Casa Rosada (@CasaRosada) 3 de junio de 2016 «Este informe es la primera versión de ese compromiso. Se trata de una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo a lo largo del año con los informes de las auditorías, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y los nuevos documentos que sigan encontrando los ministerios y los organismos descentralizados», indica el texto. Subraya, en tanto, que «la intención de este informe no es condenar a un gobierno en particular sino hacer un diagnóstico del Estado Nacional en diciembre de 2015 e identificar los desafíos pendientes, que a veces coinciden con errores o excesos de la administración inmediatamente anterior». De la observación del contenido surge por ejemplo que en la última década los argentinos pagaron 694 mil millones de dólares en impuestos, pero en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró centenares de deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, innumerable cantidad de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos. Entre otros casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables. El capítulo dedicado al Pami gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la justicia federal está investigando actualmente: sobreprecios, desvío de fondos y el estado de abandono de las oficinas del organismo en todo el país. Se acusa a las autoridades anteriores por el desvío de fondos del organismo a través de distintas maniobras como la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos: «El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro», consigna. Sobre la situación financiera, resaltan que «en diciembre de 2015, el Pami acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes» y que «una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al PAMI el equivalente a la construcción de un hospital por año». En ENARSA, la empresa pública fundada en 2004 y dedicada a la generación y comercialización de energía, se encontró «una llamativa serie de irregularidades» en su funcionamiento debido a su «descoordinación a nivel directivo» entre el Ministerio de Economía y el Ministerio y por los elevados costos en sus proyectos, por encima de los valores de mercado. También se hace foco en la falta de controles en una empresa que «manejaba miles de millones de dólares» y al acuerdo por la importación de gas con Bolivia, con quien el país mantenía una deuda por 377 millones de dólares. Entre las irregularidades, acusan que «la construcción del Gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto. Además, los costos aprobados para su construcción estaban fuera de los valores de mercado». Según el informe, en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ta