La legislación, enmarcada en la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, establece que los prestadores de servicios no serán considerados empleados en relación de dependencia. Este cambio busca proteger la autonomía de quienes representan la nueva era de trabajo en plataformas tecnológicas, abarcando todo el territorio argentino.

Definiendo el Nuevo Rol de los Prestadores Independientes

La Reforma Laboral se fija en el TÍTULO XII (Artículos 114 al 123), donde se establece una nueva era para la movilidad y el reparto:

Figuras Clave en la Nueva Regulación

En esta normativa emergen nuevas definiciones:

• Prestador independiente: Persona que ofrece un servicio a través de la plataforma de manera autónoma.
• Plataforma tecnológica: Entidad que gestiona el software para conectar usuarios y prestadores.
• Contrato de prestación: Acuerdo que se formaliza al aceptar un servicio a cambio de una remuneración.

Las características del vínculo entre los prestadores y las plataformas son cruciales:

• Flexibilidad horaria: Los prestadores pueden conectarse y desconectarse según su conveniencia.
• Libertad en la aceptación de solicitudes: No hay obligación de justificar los rechazos.
• Elección del medio de transporte y ruta: Los prestadores pueden optar por cómo y por dónde realizar el servicio.
• No se establece relación laboral: Este marco no implica subordinación ni dependencia.

Además, se estipula que las plataformas deben proporcionar información clara sobre el servicio, así como garantizar elementos de seguridad para los prestadores.

Derechos y Obligaciones de los Repartidores

Los repartidores y conductores deberán estar registrados fiscalmente y cumplir con ciertos requisitos, pero también gozarán de derechos importantes:

Derechos Clave

• Explicación de suspensiones: Derecho a conocer las razones detrás de bloqueos en el acceso a la plataforma.
• Capacitación gratuita: Las plataformas financiarán la formación en el uso de la tecnología y aspectos de seguridad vial.
• Seguro de accidentes: Se implementará una cobertura básica en caso de fallecimiento o incapacidad.
• Retribución justa: Derecho a cobrar por el servicio y recibir todas las gratificaciones de los usuarios.
• Portabilidad de datos: Posibilidad de solicitar la información personal en un formato accesible.

Desafíos Regionales en la Regulación de Plataformas

El avance de la legislación nacional no ha sido uniforme, ya que diferentes provincias han desarrollado sus propias normativas, creando un entramado regulatorio complejo.

Regulaciones Provinciales

Distintas provincias abordan la cuestión desde ángulos variados:

1. Buenos Aires: Registro y Protección

La provincia propone un registro obligatorio de repartidores y un control sobre los depósitos logísticos, garantizando así condiciones laborales adecuadas.

2. Santa Fe: Enfoque en la Seguridad

La legislación se centra en brindar protección ante el aumento de robos que afectan a los repartidores.

3. Mendoza: Pionera en Regulación

Reconoció a las plataformas como servicios de interés público, incentivando el uso de vehículos eléctricos mediante normativas específicas.

4. Córdoba: Registro Digital Obligatorio

Estableció un sistema de registro para las aplicaciones de transporte, buscando elevar la calidad del servicio.

Conflictos Legales en el Ámbito Laboral

A medida que se implementa la nueva ley, los jueces laborales han tomado un rol protagónico, analizando la verdadera naturaleza de la relación entre los prestadores y las plataformas. Varios fallos recientes han determinado que estos trabajadores operan en un marco de dependencia de facto.

Casos Judiciales Relevantes

Algunos fallos han afirmado que el algoritmo utilizado en las aplicaciones no es simplemente una herramienta, sino un mecanismo de control que actúa como un «jefe digital».

Contradicciones en la Legislación

El uso del monotributo para encubrir relaciones laborales ha sido cuestionado, argumentando que sirve como un velo sobre la verdadera naturaleza del trabajo que se realiza.

Estos desafíos y sentencias reflejan la tensión actual entre la regulación estatal y la realidad vivida por millones de trabajadores en la economía digital, marcando la pauta de un futuro donde los derechos laborales y la innovación deben encontrar un equilibrio.