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El juez Lijo recibió los libros contables de Michetti y pidió informes a la UIF
El juez Lijo recibió los libros contables de Michetti y pidió informes a la UIF

El juez Lijo recibió los libros contables de Michetti y pidió informes a la UIF

El juez federal Ariel Lijo recibió los libros contables de la fundación SUMA y pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe de manera “urgente” si existen reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas por supuesto lavado de dinero en relación a esa organización que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti. La fundación SUMA quedó en la mira de la justicia en el marco de una causa en la que se investiga el origen del dinero que le fue robado a la Michetti en noviembre pasado, el día que se consagró vicepresidenta de la Nación. Los pedidos de informes a la UIF y al Banco Central se ordenaron en el marco de una serie de pruebas dispuestas por el magistrado, que ayer libró “orden de presentación” y encomendó a Gendarmería Nacional ir a la sede para buscar los libros contables de la fundación, desde donde garantizaron que serán llevados al juzgado, explicaron fuentes judiciales. Los libros contables de SUMA fueron presentados hoy en Comodoro Py y serán sometidos a investigación, informaron fuentes judiciales vinculadas con el caso; luego de que ayer el abogado de Michetti, Ricardo Gil Lavedra, sostuviera que “es absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro en la fundación SUMA”. En este sentido, precisó que “el juzgado, como es de práctica, ordenó la presentación de documentación perteneciente a la fundación, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad”, en un comunicado difundido anoche por la oficina de prensa de la Vicepresidencia. Esta medida fue parte de una resolución más amplia en la que, además, Lijo dispuso que la UIF informe “con carácter de urgente” la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) relativos a la fundación “SUMA para el diseño de políticas públicas con visión estratégica” . Además, en esa resolución el magistrado le pide a la UIF que informe si “ha recibido reportes por parte de las UIF de otro país en relación a la persona jurídica mencionada”, según la resolución a la que accedió Télam. Lijo incluyó en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi y requirió a la AFIP el envío “urgente” de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales de 2014 y 2015. También levantó el secreto bancario y pidió al Banco Central que requiera informes a bancos, financieras y entidades cambiarias para que, en diez días, informen si SUMA “registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etcétera), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física”. Además, indica que, de ser así, envíe al juzgado “la documentación correspondiente a los productos y/o servicios contratados (extractos de movimientos, resúmenes de tarjetas de crédito, órdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de cuenta -actas de directorio y actas de asamblea- y todo formulario bancario que haya suscripto)”. También se “deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario” y operaciones de cambio de divisas en caso de existir desde el 15 de septiembre de 2009 hasta la fecha. Lijo incluyó en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi y requirió a la AFIP el envío “urgente” de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales de 2014 y 2015. También pidió a la IGJ informes sobre la eventual participación de Tonelli en la sociedad de responsabilidad ilimitada “Tough Match”, copia del legajo e informes sobre si “participa o ha participado de sociedades inscriptas ante ese organismo. La investigación se inició luego de que el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié

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