Recientes investigaciones del Guardian y Liberty Investigates han revelado que la policía está aplicando restricciones a las protestas, a pesar de que estas medidas fueron desactivadas por un fallo judicial en mayo. Expertos legales afirman que las acciones de los oficiales van en contra de la ley vigente.

El Contexto Legal de las Protestas

Desde la quita de facultades para considerar el «impacto acumulativo» de las protestas, varios expertos son categóricos: no hay base legal para estas limitaciones. Raj Chada, abogado penalista y especialista en derechos humanos, enfatiza que la legislación original no menciona tal concepto y sostiene que la policía está operando al margen de la legislación.

Un Crudo Informe sobre la Vigilancia

La red de Monitoreo Policial (Netpol) denuncia lo que consideran un «aplastante control sobre las manifestaciones». Kevin Blowe, coordinador de campañas, critica la falta de transparencia y responsabilidad en la actuación policial, afirmando que esto abre la puerta a abusos de poder.

Reformas y Nuevas Propuestas

En octubre, la secretaria del hogar reveló planes para reintroducir la consideración del impacto acumulativo de forma reforzada a través de una nueva legislación. Sin embargo, muchos, incluidos exoficiales, alertan que más poderes policiales podrían llevar a un uso excesivo del mismo.

Casos Específicos de Restricción

Documentos obtenidos bajo leyes de libertad de información muestran que, justo después de la sentencia de mayo, la Met prohibió a un grupo judío pro-Palestina realizar su protesta semanal en Londres, argumentando el «impacto acumulativo» sobre la comunidad local. Este tipo de bloqueos ha continuado, generando tensiones y confusión entre los organizadores.

Impacto en la Comunidad y la Democracia

Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina, relata cómo las condiciones impuestas por la policía han causado «inmenso descontento», debilitando la mobilización social y creando escenarios de confrontación. La policía argumenta que su función también es proteger el orden público, pero muchos consideran que sus medidas están sobrepasando los límites razonables del derecho a protestar.

Un portavoz de la Met sostiene que, aunque la decisión judicial limita ciertas capacidades, todavía se pueden evaluar las repercusiones de las protestas en las comunidades afectadas. La Home Office respalda esta postura, sugiriendo que se busca incorporar explícitamente la evaluación del impacto acumulativo en futuras modificaciones legislativas.