Durante la primera etapa del juicio, se expuso el requerimiento presentado por la UIF, que detalla un complejo entramado de corrupción en el Ministerio de Planificación Federal. Según las acusaciones, bajo las gestiones de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, se implementó un sistema sistemático de recaudación ilegal.

El documento de acusación alega que las empresas beneficiarias de licitaciones estaban obligadas a entregar una parte de sus ingresos a una organización delictiva. Esto fue parte de un mecanismo diseñado para manipular la adjudicación de proyectos de obra pública, que a su vez aseguraba la llegada de fondos ilícitos a la asociación mencionada.

La UIF centró sus alegaciones en las decisiones de adjudicación formalizadas por Nelson Periotti, entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad. Se destacó que los anticipos financieros de las obras licitadas fluctuaban entre el 10% y el 20% del monto total. En caso de no realizar esos pagos anticipados, se imponían requisitos relevantes relacionados con certificados de obra.

Este desarrollo judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina y pone de manifiesto las implicaciones de los antiguos regímenes en la administración pública. Las audiencias continuarán en los próximos días con un seguimiento atento de la opinión pública.