El sistema judicial argentino ha decidido este martes en favor de las universidades públicas, obligando al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria, aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, en un contexto de protestas por aumentos salariales y presupuestarios en las facultades.

Falló la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó la apelación presentada por el Ejecutivo y ordenó la aplicación inmediata de la mencionada ley, que busca una recomposición salarial para docentes y mejoras en las becas.

Un Marco Legal Sólido

El tribunal subrayó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron el proyecto con una amplia mayoría, lo que convierte la normativa en ley vigente. En este sentido, la Justicia consideró que los argumentos del Gobierno para posponer su aplicación son «poco serios».

Implicaciones Financieras y Normativas

La resolución judicial apunta a que la implementación de la ley no afectará significativamente el equilibrio fiscal del país, dado que su coste representa apenas un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un Perturbador Antecedente Jurídico

Este fallo sigue a una medida cautelar inicialmente dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, la cual emanó tras un recurso de amparo interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A pesar de la apelación del Gobierno a esta medida, la Justicia ha reafirmado la necesidad de aplicar la ley sin más demoras.