La Corte Suprema evalúa reabrir el caso de lavado de dinero que involucra a Jorge Macri
La decisión dependerá de los conjueces designados para el caso.
Este martes, la Corte Suprema de Argentina convocó a conjueces para decidir sobre la posible reactivación de una causa por lavado de dinero que salpica al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La situación se origina en la falta de consenso entre los magistrados de la Corte, quienes necesitan una mayoría para avanzar en la resolución.
Los conjueces seleccionados son Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Córdoba, y Pablo Candisano Mera, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Junto a ellos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también participarán en la votación.
Un caso que se remonta a 2016
La investigación sobre Jorge Macri comenzó en 2016, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La denuncia señala la posible «canalización de fondos derivados de actividades delictivas mediante la adquisición de un inmueble» en Miami por 402.963,62 dólares, que tuvo lugar en abril de 2011 a través de una sociedad llamada «IconUnit 1704». Esta entidad fue creada un mes antes por Macri, entonces legislador bonaerense, y su esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.
Los préstamos que levantan sospechas
La acusación sostiene que el capital para la compra del inmueble provino de dos préstamos: uno de Bac Florida Bank por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya llamada Fawsley SA, que luego se transfirió a una empresa panameña, ‘Cometas Company Inc.’, adquirida por una hermana de Jorge Macri. Según los fiscales, este último préstamo «no existió y se trató de un acto simulado, lo que genera serias dudas sobre el origen legítimo del dinero».
Decisiones previas y futuro incierto
La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había decidido sobreseer a Macri y su esposa. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín en diciembre de 2019. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la fiscalía, lo que llevó el caso a la Corte Suprema.
