En su resolución, Cuesta enfatizó que el derecho a protestar es un ejercicio legítimo y debe ser protegido, incluso en situaciones que puedan afectar la libre circulación. Según el fiscal, el Estado tiene la responsabilidad de evaluar cada conflicto de derechos, reafirmando que la reunión y la expresión social tienen un carácter «preferencial» en el marco legal argentino. De esta manera, desmontó la narrativa oficial que posiciona la fluidez del tránsito como prioridad absoluta sobre el derecho a manifestarse.

Reprensión Injustificada

Un aspecto crucial en el dictamen se centra en la «automaticidad» de la represión. El fiscal advirtió que el protocolo obliga a las fuerzas policiales a intervenir de inmediato ante cualquier inconveniente en la vía pública, sin considerar las circunstancias ni la legitimidad del reclamo. Esta práctica, según Cuesta, es incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución, convirtiendo a la policía en jueces de hecho en la calle.

El caso que llevó a esta situación fue impulsado por varias organizaciones como el CELS y Amnistía Internacional, así como diversos sindicatos. Estos grupos denunciaron que, bajo la justificación de mantener el orden, el Gobierno intentó debilitar el derecho a la protesta social. La decisión de la fiscalía respalda la postura de los demandantes, quienes consideran que la medida tiene un carácter punitivo que atenta contra el funcionamiento democrático.

Un Nuevo Marco Jurídico

El dictamen también establece que una resolución ministerial no puede alterar el espíritu de la Constitución Nacional. Al otorgar «tutela preferencial» a la protesta, el fiscal instó a la Justicia a evaluar el protocolo como una posible restricción ilegal a la libertad de expresión, que solo podría ser regulada por una ley del Congreso bajo límites estrictos.

Además, Cuesta advirtió que la falta de evaluación de los motivos de una marcha por parte de la policía rompe el estado de derecho, invalidando la noción de que cualquier ocupación de la calle requiere un desalojo inmediato. Esto devuelve a la manifestación su carácter de hecho político y no simplemente de intervención en el tráfico.

El fallo representa un escudo legal para entidades como el Polo Obrero y la Confederación Indígena Neuquina, que iniciaron la demanda. Al confirmar que el derecho a protestar es «legítimo», el fiscal debilita la criminalización de los dirigentes sociales, dejándolo en una posición desfavorable para sostener las sanciones derivadas de la implementación del protocolo antipiquetes.